Anselmo del Moral Torres

Coronel de la Guardia Civil

Doctor en Derecho

PRINCIPALES TENDENCIAS Y POSIBLES SOLUCIONES CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO RELACIONADO CON EL NARCOTRÁFICO EN EL SIGLO XXI

PRINCIPALES TENDENCIAS Y POSIBLES SOLUCIONES CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO RELACIONADO CON EL NARCOTRÁFICO EN EL SIGLO XXI

Sumario: 1. INTRODUCCIÓN. 2. EL CONCEPTO DE CRIMEN ORGANIZADO Y SU RELACIÓN CON EL TERRORISMO. 3. ANÁLISIS DE SITUACIÓN Y TENDENCIAS. 3.1. La Frontera EE.UU.-México. 3.2. Centroamérica. 3.3. El caso de Haití. 3.4. Colombia. 3.5. Venezuela. 3.6. Ecuador. 3.7. Perú. 3.8. Brasil y la Triple Frontera. 3.9. Los territorios utilizados para el blaqueo de capitales. Panamá, Uruguay y las antiguas colonias británicas. 3.10. La situación en África. 3.11. Las tendencias en Europa. 4. ESTUDIO DE POSIBLES SOLUCIONES. CONCLUSIONES 4.1. La legalización de las drogas y su posible impacto. 4.2. La erradicación de plantaciones con herbicidas naturales y el apoyo efectivo al cambio de cultivos. 4.3. Inversión pública eficiente, sostenida y resiliente a la corrupción en zonas deprimidas. 4.4. El control de armas. 4.5. Política penitenciaria de dispersión. El control de las cárceles. 4.6. Una regulación efectiva de los paraísos fiscales. 4.7. Un multilateralismo eficaz en África. 4.8. Mejora de las políticas y estrategias contra el crimen organizado relacionado con el narcotráfico en Europa. 4.8.1. Políticas de inversión pública en zonas afectadas por el narcotráfico. 4.8.2. Mayor control en los puertos. 4.8.3. La mejora de las capacidades investigativas y judiciales contra el crimen organizado. 4.8.4. Las operaciones conjuntas y sostenidas contra el crimen organizado. 4.8.5. Una interoperabilidad de los sistemas de información eficiente. 5. VALORACIÓN FINAL. 6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Resumen: En el primer cuarto del siglo XXI asistimos al incremento y peligrosidad de la amenaza relacionada con el crimen organizado, principalmente relacionada con el tráfico de estupefacientes a nivel mundial, que ha llegado a confrontar a determinados Estados a niveles anteriormente desconocidos. Este artículo de investigación pretende analizar las causas de esta tendencia, pero, sobre todo, partiendo de la base del análisis de fuentes abiertas, y de la experiencia del autor que ha profundizado en la materia propuesta desde el punto de vista académico y profesional en los últimos cinco años, investigar sobre posibles hipótesis o soluciones que, con una visión estratégica y resiliente, a medio o largo plazo, pueden contribuir a controlar o reducir este tipo de amenazas.

Abstract: In the first quarter of the 21st century we are witnessing the increase and danger of the threat related to organized crime, mainly related to drug trafficking worldwide, which has come to confront certain States at previously unknown levels. This research article aims to analyze the causes of this trend, but, above all, based on the analysis of open sources, and the experience of the author who has delved into the proposed subject from an academic and professional point of view in the last five years, research possible hypotheses or solutions that, with a strategic and resilient vision, in the medium or long term, can contribute to controlling or reducing this type of threats.

Palabras clave: Siglo XXI, incremento del crimen organizado, narcotráfico, soluciones estratégicas y resilientes

Keywords: 21st century, increase in organized crime, drug trafficking, strategic and resilient solutions.

ABREVIATURAS

EEUU:	Estados Unidos de América
ELN	Ejército de Liberación Nacional
EUROPOL	Agencia de la UE para la Cooperación Policial
FARC	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
ONU	Organización de las Naciones Unidas
SOCTA	Serious Organized Crime Threat Assessment
UE	Unión Europea
UNODC	Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
URSS	Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
VRAEM	Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, son numerosas las noticias sobre incautaciones de drogas en operaciones policiales, en las que cada vez más, se involucran medios de todo tipo. Pero si analizamos otros factores, como las hectáreas de plantaciones de cultivos base y las instalaciones dedicadas a la producción de estupefacientes, o los modus operandi empleados por los grupos de criminales organizados, incluyendo una mayor confrontación con las fuerzas y cuerpos de seguridad, entre otros aspectos, llegamos fácilmente a la conclusión del incremento del impacto del crimen organizado relacionado con el narcotráfico en el primer cuatro del siglo XXI, pese a los esfuerzos mencionados. En efecto, por ejemplo, asistimos a un incremento en las hectáreas dedicadas el cultivo de la hoja de coca en los principales países productores: Colombia, Perú y Bolivia como podemos observar en el gráfico 1, con una producción estimada de cocaína récord cercana a las 3.000 toneladas en 2022, muy superior a la existente una década antes (Pasquali, 2023), lo cual, sin duda, tiene un impacto en la seguridad pública en muchos países como es el caso de España, donde la superproducción de cocaína más barata en origen multiplica el consumo y los delitos relacionados con el narcotráfico en destino (Hidalgo, 2024).

Gráfico 1.

Países con cultivos y productores de cocaína en 2022 (INSIGHT)

Además, asistimos también a una tipología de crimen organizado cada vez más peligroso que se enfrenta a las instituciones del Estado. Así, aunque observamos la caída de grandes jefes de los poderosos cárteles mexicanos, como el Chapo Guzmán que se desempeñó como líder del cartel de Sinaloa en México hasta su detención y extradición a EEUU en 2017, también hemos visto graves escenarios de confrontación con el gobierno mexicano por parte del crimen organizado a modo de milicias con armas de guerra, como por ejemplo el incidente provocado por el grupo liderado por su hijo Ovidio Guzmán López en la conocida como Batalla de Culiacán o culiacanazo en 2019 (UnoTV, 2020), o la ola de violencia posterior a su detención por las fuerzas de seguridad mexicanas en 2023 (González Díaz, 2023)

Pero también, asistimos al empoderamiento del crimen organizado en algunos países que llega a infiltrar en gran medida las instituciones, como es el caso del sistema penitenciario en Ecuador. El país era considerado hace sólo unos años como uno de los más pacíficos de la región, pero recientemente vive la peor crisis de inseguridad de su historia (Mella, 2023), debido al incremento del poder de los grupos de crimen organizado principalmente relacionados con el narcotráfico como son: los Choneros, los Lagartos, los Lobos, los Tiguerones, entre otros (Observatorio Nacional del Narcotráfico de Ecuador, 2022). Todos relacionados con el control de las prisiones, y las luchas entre ellos por el control del narcotráfico, especialmente, aunque no exclusivamente, en la zona de Guayaquil. La situación de inseguridad lleva a la declaración de “conflicto armado interno” en enero de 2024 por parte del Presidente de la República con un endurecimiento en la lucha contra los grupos criminales dedicados al narcotráfico en el país (BBC, 2024).

Pero en el continente europeo, España también sufre las mafias dedicadas al tráfico de cocaína y de resina de cannabis por el sur de la península ibérica, principalmente en la provincia de Cádiz, desde la localidad de Barbate hasta Punta Caraminal, habiéndose detectado un incremento de la violencia contra las fuerzas y cuerpos de seguridad en esta zona (Passolas, 2018) como, por ejemplo, el asesinato de dos guardias civiles por una narcolancha en Barbate en febrero de 2024 (Cañas, 2024), y la presencia continuada de clanes criminales en la zona como Los Castaña o Los Pantoja (Serrano, 2024).

Como es conocido, la principal fuente de resina de cannabis consumida en Europa procede del norte de Marruecos, con unos niveles de producción en máximos, aunque su comercio sea ilegal (Palomino, 2023), y donde existen más de 55.000 hectáreas cultivadas según estimaciones (Erhardt, 2023), con tráficos ilícitos por transporte marítimo y por carretera hacia el continente. La resina de cannabis originaria de Marruecos se trafica también cada vez más, según los informes Serious Organized Crime Threat Assessment (SOCTA) de EUROPOL, a través del mar Mediterráneo desde Libia, país sumido desde hace años en conflicto interno. Los envíos de resina de cannabis son transportados a través del mar Mediterráneo hasta la costa española con embarcaciones de alta potencia donde son arrojados al mar, y recuperados por las organizaciones criminales en buques pesqueros locales o embarcaciones de recreo con dispositivos de localización geográfica (EUROPOL, 2024)

En los últimos años son varios los hechos que también ponen de manifiesto un incremento del impacto del crimen organizado en el centro y norte de Europa, principalmente en los Países Bajos, como, por ejemplo, con la conocida Mocro Maffia así denominada por el origen marroquí de los neerlandeses que integran principalmente la organización criminal  (RTVE, 2023). El grupo utiliza las tradicionales rutas de tráfico de resina de cannabis para introducir cocaína en los Países Bajos, y otros países del centro de Europa, e incluso ha tenido repercusión internacional por las amenazas de este grupo organizado a la familia real holandesa y al primer ministro (Stroobants, 2022). 

Otro país que viene sufriendo de una forma más reciente un incremento del impacto de la criminalidad organizada es Suecia.  La mayoría de los grupos y pandillas del crimen organizado en Suecia están dominados por suecos no étnicos, de los Balcanes y Oriente Medio, entre otros. Según los datos analizados  (Tomlinson, 2023), las personas nacidas en el extranjero y sus descendientes están significativamente sobrerrepresentadas en la delincuencia, mientras que grupos extranjeros no basados en Suecia, principalmente de Europa del Este, ingresan al país para cometer robos y hurtos. Los grupos romaníes organizados también son cada vez más frecuentes. Sin embargo, las redes criminales internas continúan dominando áreas de las ciudades suecas, lo que aumenta la creciente inseguridad en la sociedad sueca, incluso, se han llegado a producir tiroteos en zonas públicas por rivalidades entre clanes que ponen en duda la capacidad del Estado sueco de controlar este tipo de situaciones (DW, 2022).

Todos estos ejemplos y otros similares, ponen de manifiesto cómo los grupos de crimen organizado relacionados principalmente con el narcotráfico han dado un salto cualitativo confrontando las estructuras de determinados Estados, y abandonando los habituales perfiles más discretos propios de la criminalidad organizada. Este trabajo pretende investigar la evolución de esta tendencia, y proponer soluciones resilientes a medio o largo plazo sobre la base de las lecciones aprendidas y compartidas en el marco del Máster oficial de Alta Dirección en Seguridad (MADSI) que imparte el Centro Universitario de la Guardia Civil, en el que participan directivos de la seguridad pública y corporativa hispanohablantes con gran experiencia profesional en los ámbitos de estudio de esta investigación.

2. EL CONCEPTO DE CRIMEN ORGANIZADO Y SU RELACIÓN CON EL TERRORISMO

La primera referencia internacional al crimen organizado la encontramos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000 conocida como Convención de Palermo, que define grupo delictivo organizado como “grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”. Por delito grave se entiende “la conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave”. Y grupo estructurado se define como “un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito, y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada” (ONU, 2000).

La concreción de estos conceptos en un instrumento de derecho internacional público de amplio consenso es esencial para una lucha efectiva contra este tipo de fenómeno delictivo, ya que permite la introducción de los citados conceptos en las legislaciones nacionales de los Estados favoreciendo los procesos de cooperación policial y judicial a nivel internacional en la persecución del crimen organizado. Por ejemplo con la aplicación del principio de reconocimiento mutuo en procesos de extradición de delincuentes relacionados con el mencionado tipo de criminalidad, o en la utilización de la entrega vigilada de narcóticos en tránsito entre países, o en el uso de técnicas especiales de investigación en estos países, tal y como recoge el artículo 20 de la citada Convención.

Además de esta definición podemos también tener como referencia los criterios establecidos por las normas de EUROPOL para identificar este tipo de criminalidad que requieren como características principales, las siguientes:

· La colaboración de dos o más personas.

· La actuación prolongada en el tiempo.

· La comisión de delitos graves

· La búsqueda de beneficio económico o poder.

Pero además de los criterios anteriores, se requiere la constatación de al menos dos de los siguientes indicadores:

· Reparto específico de tareas.

· Uso de algún tipo de control interno.

· Extensión al ámbito internacional.

· Uso de la violencia

· Blanqueo de capitales

· Uso de estructuras económicas o comerciales

· Corrupción de autoridades públicas o empresas.

La Convención de Palermo fue firmada por 189 Estados y, por tanto, el concepto de delincuencia organizada trasnacional puede considerarse, como observamos, casi universal.

Tratando de analizar el concepto de terrorismo y su relación con el de crimen organizado como adelanta el epígrafe, observamos que no disponemos de una definición legal globalmente aceptada del concepto de terrorismo. Buscando las primeras aproximaciones legales al concepto de terrorismo a nivel internacional, debemos reconocer las dificultades que han existido en la comunidad internacional para poder llegar a una definición unánime sobre la materia. Los esfuerzos realizados en el ámbito de las Naciones Unidas no han sido definitivos hasta el momento pues, aunque la propia organización internacional reconoce la existencia de diversos convenios e instrumentos internacionales relacionados con el terrorismo desarrollados en el marco de la ONU[1], en ninguno de ellos encontramos la definición de terrorismo o actos terroristas de forma expresa. A pesar de que algunos Estados Miembros de la UE, en mayor o menor medida, como es el caso de España, venían sufriendo las actuaciones de grupos terroristas de diversa índole como es el caso de ETA en España desde los años 60 del siglo XX, el objetivo de luchar contra el terrorismo de forma común, específica y diferenciada no quedará plenamente identificado en la política y el ordenamiento jurídico de la UE, hasta los atentados del 11 de septiembre de 2001 en EEUU.

Este primer cambio de actitud se identifica en las Conclusiones y Plan de Acción del Consejo Europeo extraordinario de 21 de septiembre de 2001, que se reúne en sesión extraordinaria solo diez días después de los atentados para analizar la situación internacional, y dar los impulsos necesarios a las acciones de la UE estableciendo unos días más tarde, la Posición común 2001/931/ PESC del Consejo de 27 diciembre 2001 relativa a la aplicación de medidas específicas con el fin de luchar contra el terrorismo, que supone a su vez, la primera identificación común supranacional específica del concepto de terrorismo por parte de una organización internacional. Los actos terroristas se definen, así como “actos intencionados que pueden dañar seriamente a un país u organización internacional intimidando a su población, imponiendo toda clase de dificultades, desestabilizando o destruyendo sus estructuras fundamentales, constitucionales, sociales y económicas” (EURLEX, 2001).

El texto, ya indica la tipificación penal de esos actos terroristas al incidir en el hecho de que la simple amenaza de cometer uno de estos delitos debe juzgarse como un acto terrorista. La identificación del concepto de terrorismo en el Derecho de la Unión Europa sufre un segundo avance esencial, al año siguiente, en el 2002, con la Decisión Marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la lucha contra el terrorismo, que tiene la finalidad esencial de invitar a los Estados Miembros a acercar sus legislaciones, y establece normas comunes sobre delitos terroristas. El concepto de terrorismo y actos terroristas dispone de una importante actualización, a través de la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento y del Consejo de 15 de marzo de 2017 relativa a la lucha contra el terrorismo, por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo, estableciendo la definición común de terrorismo y de actos terroristas para todos los Estados Miembros de la UE. Concluimos pues que, sin contar actualmente con una definición legal global del concepto de terrorismo o actos de terrorismo, la referencia legal de mayor aplicación es la comprendida y aplicable en los 27 estados miembros de la UE.

Llegamos a la conclusión tras este análisis que, en la conceptualización jurídica del concepto de terrorismo, su finalidad no es esencialmente de tipo económica como en el caso del crimen organizado, sino la de forzar cambios en sistemas políticos mediante acciones intimidatorias, violentas o desestabilizadoras. Además, los grupos terroristas buscan la difusión de sus fines mediante acciones delictivas espectaculares que causen terror, mientras que el crimen organizado, normalmente no busca llamar la atención para la consecución de sus fines económicos, con el fin de evitar la acción de la justicia. En este contexto, el 19 de julio de 2019, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de la ONU adoptó la Resolución 24824 sobre los vínculos entre el terrorismo internacional y la delincuencia organizada transnacional. En ella se pone de manifiesto que el terrorismo y el crimen organizado, además tienen poco en común a nivel intelectual, ya que el primero se basa en interpretaciones radicales y violentas de ideologías, o religiones, mientras que el segundo se basa en la búsqueda de ganancias económicas o, a veces, en el control del poder para obtenerlas. Sin embargo, uno puede usar el modus operandi del otro. Los terroristas se involucrarán en el crimen organizado para financiar sus operaciones, y el crimen organizado puede usar el terror para conseguir sus fines, incluso confrontando al Estado como hemos visto anteriormente.

3. ANÁLISIS DE SITUACIÓN Y TENDENCIAS

3.1. LA FRONTERA EEUU-MÉXICO

En EEUU hay diversas referencias históricas y actuales a grupos de crimen organizado como el polaco-estadounidense; crimen organizado griego-estadounidense; mafia asiria; organizaciones criminales de Hawái. También las conocidas organizaciones criminales italoamericanas; la mafia judía; la delincuencia organizada afroamericana; los mobs irlandeses; o los grupos criminales relacionados con los países de la ex URSS (Wright, 2013).  Especialmente relevante es la problemática delincuencial relacionada en la zona fronteriza de EEUU con México, en la que los grupos organizados actuando a ambos lados de la frontera, están relacionados con el tráfico de personas, y principalmente con el tráfico de estupefacientes de sur a norte y de armas de norte a sur (Badillo, 2023), con modus operandi que se mantienen en el tiempo como es en este último caso, el envío de armas de guerra por piezas o completas  (Montalvo, 2016), a través del denominado tráfico “hormiga” con mensajería postal (Flores, 2022) entre otras vías, provenientes del ejército de EEUU (APNews, 2024) y siendo un tráfico ilícito reconocido institucionalmente por las Autoridades de ambos países (Ejecentral, 2023)

En el ámbito del tráfico de estupefacientes, además del ya conocido tráfico de cocaína proveniente de los países productores a través de Centroamérica y otras rutas (Guevara, 2021)  ha tomado relevancia en los últimos años el tráfico ilícito de fentanilo proveniente de China a través de los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas en México provocando una situación de alarma en EEUU (Cano, 2023). Pero como también se ha indicado el crimen organizado está presente en el tráfico de personas en la frontera entre EEUU y México, con un incremento en el número de personas procedentes de países de Centroamérica y otras zonas de América que intenta llegar a EEUU para encontrar mejores condiciones de vida, huyendo de la pobreza y de la inseguridad provocada principalmente por el crimen organizado en sus países de origen (Parker, A. y Dudley. S., 2023).

El escenario del crimen organizado en México es complejo, en primer lugar, una referencia al conocido como Cártel del Guadalajara, que puede considerarse como el primer gran cártel de la droga en México, de cuyos líderes surgen muchas escisiones posteriormente. En primer lugar, el Cártel del Golfo, que se estima, el sindicato criminal mexicano más antiguo del que parten Los Zetas; La familia Michoacana, y los Caballeros Templarios.  En segundo lugar, el Cártel de Sinaloa, engendrado también del Cártel de Guadalajara, y del que a su vez parten el Cártel de Colima, prácticamente disuelto junto con el Cártel de Sonora. Otro grupo criminal que aparece relacionado con el Cártel de Sinaloa es la denominada Gente Nueva o especie de célula del Cártel de Sinaloa en Chihuahua. También como escisión del Cártel de Guadalajara es conocido, el Cártel de Beltrán-Leyva, anteriormente parte de la federación del Cártel de Sinaloa, y luego independiente. En este último potente sindicato del crimen organizado identificamos principalmente, aunque no exclusivamente el Cártel del Pacífico Sur en Morelos; el Cártel del Centro en la Ciudad de México, o el Cártel de Acapulco, también con orígenes en Cártel Beltrán-Leyva; La Oficina, en Aguascalientes; el Cártel de la Sierra, en Guerrero; el Cártel de la Calle, en Chiapas; o los Chachos, en Tamaulipas. Sin olvidar al Cártel de Tijuana que también surgió del Cártel de Guadalajara, y su escisión en el Cártel de Oaxaca. Finalmente, citar el también tristemente conocido Cártel de Juárez, engendrado del Cártel de Guadalajara y con sus propios escuadrones de ejecutores como La Línea o Barrio Azteca (Marley, 2019). 

Como vemos es numeroso y variado el impacto del crimen organizado especialmente a ambos lados de la frontera de EEUU y México, con presencia también en numerosas zonas del país, y directamente relacionado con elevados niveles de violencia que llega a enfrentarse al Estado con milicias fuertemente armadas como en el comentado culicanazo, y numerosos casos de corrupción en el sistema judicial y de seguridad pública, que llevó incluso a la reforma del sistema policial en el país a partir de 2019 (Ferri, 2024). No parece haber solución mágica a corto plazo, y tampoco de la mano de políticas aisladas de incremento o reforma de las fuerzas de seguridad pública si no van acompañadas de reformas integrales en el sector seguridad y justicia, y de una mayor presencia del Estado de forma sostenida en el tiempo, y resiliente a la corrupción, con la asignación y gestión de fondos públicos que mejoren la calidad de vida de las personas, especialmente en las zonas deprimidas donde el crimen organizado tiene su caldo de cultivo.

3.2. CENTROAMÉRICA

En Centroamérica destaca el fenómeno del crimen organizado a través de las denominadas maras o pandillas violentas a la que se atribuye su presencia en El Salvador, pero que se extienden por toda la región como en Honduras y Guatemala, y también a nivel internacional. Estas organizaciones nacidas en Los Ángeles (EEUU) en la década de 1980 están compuestas en su mayoría por jóvenes. Muy pocos de sus integrantes superan los 30 años de edad. Las principales maras son las Mara 18 y la Mara Salvatrucha, o Mara 13, hoy enfrentadas entre sí y con numerosas escisiones. Son conocidas por el uso de tatuajes referidos a su actividad criminal en todo el cuerpo, el empleo de lenguaje de signos, y sobre todo por su especial violencia, habiendo sido confrontados por otros grupos criminales como los cárteles mexicanos para ajustes de cuentas (ERIC-Group, 2001).

 En este ámbito, especialmente significativa es la política de seguridad pública impulsada por el gobierno de Bukele en el Salvador a finales de 2022, tras un aumento abrupto de los homicidios y control territorial de las maras. Se ha impulsado un régimen de excepción sobre la base del artículo 29 de la Constitución del país, que ha permitido un control del territorio por el Estado, un elevado número de detenciones de miembros de las maras, no exentas de denuncias de tortura, y la rebaja de los índices de homicidios provocadas por estos grupos de criminales organizados (Avelar, 2023), que sin duda ha contribuido a la reelección de su Presidencia en las elecciones de febrero de 2024 con un 85% de apoyo popular (Vozpópuli, 2024). Efectivamente la situación ha cambiado en El Salvador y de ser un país conocido por elevadas tasas de violencia y control del territorio por el crimen organizado se ha convertido en un país más seguro, que empieza a atraer el turismo en mayor medida (Abarca, 2024), y que sirve de referencia para otros gobiernos del continente que sufren crisis de seguridad pública provocada por el crimen organizado como en Ecuador (Ejecentral, 2024) o Argentina (ABC, 2024). Pero el desafío es mantener la situación a largo plazo, posiblemente la mejora de la seguridad pública conseguida principalmente con mayores poderes a la Policía y a las Fuerzas Armadas en el país tenga un efecto a corto plazo, que tendrá dificultades de sostenibilidad si no va acompañada a medio y largo plazo de políticas de inversión pública especialmente en zonas deprimidas, con mejoras en infraestructuras, colegios, hospitales, construcción de viviendas públicas, mejoras en los salarios, etc., como se ha mencionado anteriormente, de forma resiliente a la corrupción.

3.3. EL CASO DE HAITÍ

El caso de Haití es especialmente paradigmático por ser considerado uno de los países en los que el crimen organizado especialmente relacionado con el narcotráfico ha llegado a infiltrar y finalmente desestabilizar completamente las estructuras de un Estado. Así se considera que desde aproximadamente el año 2000, las bandas armadas relacionadas con el narcotráfico ocupan cada vez más el espacio público, hasta el punto de que figuras notorias del tráfico de narcóticos se postularan a cargos parlamentarios para defender directamente sus intereses (Maesschalck, 2020). Se estima que la intervención internacional después del terremoto de 2010 no tuvo tampoco los efectos deseados retrasando apenas el colapso del narco-Estado haitiano. En este contexto, las pandillas relacionadas con el narcotráfico controlan territorios, y exigen derechos de pago a la población. Los cargos públicos son comprados, con elevados niveles de corrupción y ausencia real de las estructuras del Estado (Becker, 2011)

Parece evidente que el país necesita desde hace mucho tiempo, una terapia de choque que contribuya a restablecer las estructuras del Estado, similar a la que se ha producido en El Salvador, que de una forma paulatina vaya evolucionando hacia una situación de estabilidad normalizada en beneficio de la población. 

3.4. COLOMBIA

Colombia ha sufrido durante muchos años el azote del terrorismo de grupos guerrilleros como las FARC o el ELN con la finalidad de imponer por medio de violencia y a través de atentados terroristas, gobiernos de orientación política marxista-leninista (Buitrago, 2022). La disolución del grupo terrorista FARC en 2016 tras los Acuerdos de la Habana, con anuncio de las conversaciones con el Gobierno en 2014, coincide con un incremento progresivo en el cultivo de hoja de coca que se observa en el siguiente gráfico, y que llega a su pico en 2022 con una estimación de 230.000 Hectáreas cultivadas (UNODC, 2023).

Gráfico 2.

Extensión de los cultivos de coca en Colombia

Pese a los acuerdos realizados, el incremento en la producción está relacionada con el desmantelamiento progresivo de las FARC como grupo terrorista, y la transformación de gran parte de sus milicias armadas acostumbradas al control de partes del territorio, y a una forma de vida difícil de cambiar, en grupos criminales organizados dedicados al narcotráfico (UNODC, Colombia: Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos, 2021). Además del abandono de políticas de erradicación más efectivas, aunque polémicas como es el uso de herbicidas en fumigación aérea (Torrado, 2022), y que además evitaban los penosos procesos de erradicación manual que tantas víctimas ha causado por las trampas explosivas diseminadas por los narcotraficantes (Meneses, 2008). Como vemos, Colombia sigue siendo el principal país productor de hoja de coca, y también de clorhidrato de cocaína. Pese a que siguen presentes grupos de crimen organizado de gran calado como el Clan del Golfo, entre otros, desaparecieron por la acción del Estado, los principales actores históricos en relación al narcotráfico como el Cártel de Cali de los hermanos Ochoa, o el Cártel de Medellín con Pablo Escobar en la década de los 80 del siglo XX. Destaca además en Colombia como buena práctica, la inversión pública sostenida en el tiempo, y con mayor resiliencia a la corrupción en zonas deprimidas, como la Comuna13 en Medellín, anterior feudo de Pablo Escobar y actual espacio convertido en zona alternativa turística (Moreno Segura, 2023), que pese a las dificultades existentes, puede tomarse como referencia de la aplicación de políticas públicas moderadas, y en mayor medida resilientes a la corrupción, incluida la política de seguridad pública, que tras  más de 20 años de aplicación sostenida han conseguido vencer o al menos contener al narco.

3.5. VENEZUELA

En Venezuela destaca el crimen organizado que se desarrolla a través del control de las prisiones como es el caso del denominado Tren de Aragua y su extensión por el continente americano. El Tren de Aragua es la estructura criminal más poderosa de Venezuela, y el único grupo local que ha logrado afianzarse en el extranjero. Dejó de ser una pandilla carcelaria confinada al Estado de Aragua para convertirse en una amenaza de naturaleza transnacional con un amplio portafolio criminal (Insightcrime, 2023).  El crimen organizado asociado al Tren de Aragua se ha extendido por diversos países de Iberoamérica, especialmente en Chile. La organización fue detectada hace dos años por la Fiscalía chilena, que investiga tráfico de migrantes, explotación sexual, homicidios, torturas y tráfico de drogas (Sanhueza, 2023). Además, en Venezuela también existen referencias a la relación de algunos miembros de las fuerzas armadas del país, con el narcotráfico a través del denominado Cártel de los Soles (Delgado, A. y Lares, V., 2022). Nos encontramos, por tanto, ante una situación de empoderamiento del crimen organizado con infiltración en las estructuras del Estado, como son el sistema penitenciario o las fuerzas armadas.

3.6. ECUADOR

Ecuador no es un tradicionalmente un gran productor de hoja de coca debido a sus propias condiciones geográficas pese a tener frontera con los principales países productores como son Colombia y Perú. El crimen organizado  ha venido convirtiendo uno de los principales puertos del país, Guayaquil en un centro de referencia intencional para el tráfico de droga, al que han venido a suministrarse grupos de criminales organizados de otros países, como por ejemplo clanes albaneses entre otros  (Arroyo, 2023).

 Hemos visto también en la introducción, el cambio que se ha producido en Ecuador con el empoderamiento del crimen organizado y la problemática relacionada principalmente con la falta del control de las prisiones que viene produciéndose desde hace algunos años (BBC, 2023). Como hemos analizado, el pulso al Estado por parte del crimen organizado está siendo confrontado por la administración actual con medidas especiales como es la declaración de conflicto armado interno en enero de 2024 por parte del Presidente de la República, con indicios de toma de referencia de modelo Bukele y su aplicación en Ecuador (Basantes, 2024).

Qué duda cabe que, todo país y su administración es soberana para confrontar graves amenazas a la seguridad pública, y que las últimas noticias recibidas desde Ecuador, apuntan a un cambio en la tendencia de la actuación en relación al crimen organizado por parte del Estado. Al igual que en el caso de El Salvador, parece lógico pensar que el deseo de la administración, una vez estabilizada la situación, es acompañar las políticas de seguridad pública aplicadas con reformas en el sector de la justicia y el desarrollo de políticas públicas que sean efectivas, duraderas y ajenas en la medida de lo posible a prácticas corruptas, sobre todo en el ámbito del control de las prisiones.

3.7. PERÚ

Perú, segundo país productor de hoja de coca después de Colombia, con aproximadamente 95.000 hectáreas en 2022 como vimos en el gráfico 1, también ha sufrido un incremento en este tipo de cultivo, y por tanto en la producción de cocaína que finalmente llega al mercado internacional de la mano del crimen organizado a través de Ecuador y de Brasil principalmente. La principal zona de producción es el denominado VRAEM sigla abreviada para el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, en los que se han desarrollado importantes esfuerzos institucionales en campañas de erradicación. (Aleteia, 2019). Esta zona representa de forma estimada la mitad de la producción de cocaína en el país y se considera el área de actuación principal de las disidencias del grupo terrorista sendero luminoso, que durante décadas trató de imponer mediante atentados terroristas, un estado de orientación marxista-leninista-maoísta (Jímenez Vigara, 2019), provocando más de 60.00 víctimas, y que tras su desarticulación con la caída de su líder Abimael Guzmán, en la actualidad, remanentes de este grupo terrorista controlan en gran medida, la producción y distribución de la cocaína del VRAEM (Cueva López, 2015).

La inestabilidad política en el país en los últimos años no ha ayudado a desarrollar políticas de seguridad pública sostenibles en el tiempo, pero al menos, la profesionalidad del sistema judicial y policial en el Perú, que trata de contener la problemática del VRAEM, permite mantener índices de criminalidad más bajos en el país, de los existentes en los países de su entorno, junto a Chile y Bolivia (ONU, 2023).

3.8. BRASIL Y LA TRIPLE FRONTERA

En relación a Brasil, son conocidas también potentes organizaciones de criminales organizados de tipo urbano, con gran presencia en las zonas de las favelas de las grandes urbes como Comando Vermelho en Río de Janeiro, o Primeiro Comando da Capital en el Estado de Sao Paulo, pero con implicaciones en otras zonas del país, e incluso relacionados con tráficos ilícitos de droga hacia otros continentes (Quirós, 2019).  Se destaca también por su relevancia la zona caliente de Brasil y su triple frontera con Paraguay y Argentina, a través de la cual, los mencionados grupos criminales, entre otros, trafican con la cocaína principalmente procedente de Perú o Colombia (Ojopúblico, 2023). También conocidas organizaciones criminales que actúan a nivel internacional desarrollan sus actividades ilícitas en esta zona en relación a la provisión, tráfico y posterior venta al menudeo en los mercados argentinos, o para su envío por medio marítimo a los mercados de África y Europa, consecuentemente, se encargan de los  cargamentos que son introducidos en Argentina desde Bolivia o Paraguay por vía aérea a través de las denominadas “lluvias blancas” o a través de las más de 500 pistas clandestinas existentes en ese país (Prado, 2016). 

Brasil es un país de dimensiones de continente con fronteras porosas y de difícil control en la Amazonia con países productores de hoja de coca como son Colombia, Perú y Bolivia. Se observan elevados índices de criminalidad y corrupción policial en las grandes áreas urbanas (InSightCrime, 2017) y potentes grupos criminales que sin poner en riesgo las estructuras de Estado son actores principales en tráficos ilegales a nivel internacional en materia de estupefacientes principalmente a través de África (Zupello, 2023), de minería obtenida ilegalmente (Efeverde, 2023)  o de especies protegidas (Europapress, 2020)

3.9. LOS TERRITORIOS UTILIZADOS PARA EL BLAQUEO DE CAPITALES. PANAMÁ, URUGUAY Y LAS ACTIGUAS COLONIAS BRITÁNICAS

Pero el continente americano también dispone de determinados países y territorios en los que se desarrollan entidades especializadas en el lavado de activos procedentes entre otras, de las actividades ilícitas del crimen organizado. Hablamos de países como Panamá (Berlinguer, 2016), donde además de producirse casos de blanqueo de capitales de impacto mundial como es el conocido Panamá papers (BBC, 2016) se detecta también el uso de las entidades del país por el crimen organizado relacionado con el narcotráfico (Rognoni, 2024). Del mismo modo, determinadas zonas de Uruguay como por ejemplo Punta del Este, que es considerado por algunos autores como centro importante de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico (Lucena, 2023).

Pero, sobre todo, quien destaca en ser considerado paraíso fiscal de acuerdo con índices de referencia internacional son las colonias británicas en la zona del Caribe. Territorios como las Islas Vírgenes Británicas, Bermuda, Antigua y Barbuda, Bahamas o las Islas Caimán son recocidos territorios offshore, que desde hace mucho tiempo son utilizados por el narcotráfico para el lavado de activos, que incluso llegan a corromper a las más altas instancias como el caso de Andrew Fahie, antiguo primer ministro de Islas Vírgenes Británicas condenado en EEUU por narcotráfico, corrupción y lavado de activos (Voss, 2024).

3.10. LA SITUACIÓN EN ÁFRICA

No es fácil tratar de resumir la complejidad del mundo africano y su relación con el crimen organizado. Pero de una forma general, sí podríamos identificar los principales escenarios y mayor incidencia del crimen organizado en ellas. En primer lugar, una gran zona próxima al Mediterráneo del Magreb y Oriente Medio donde confluyen grupos de criminales organizados dedicados a una gran variedad de tráficos ilícitos con destino hacia la UE, en algunos casos también relacionadas con el terrorismo (Martínez, 2017).

Por otro lado, la gran zona del Sahel con países como Mali, Níger, Chad, Sudán, o Sudán del sur, países con fronteras porosas en las que también aparecen grupos de criminales organizados relacionados con diversos tráficos ilegales entre los que se encuentran el tráfico de armas y su relación con grupos terroristas de corte islamista como Boko Haram o Al Sabah (UNODC, Firarms trafficking in the Sahel, 2023).

Los países de la vertiente atlántica del África Occidental como Senegal, Gambia, Guinea Bissau, Sierra Leona, etc., se muestran como Estados débiles con falta de control en los puertos (Darren, 2021), circunstancia utilizada por grupos de criminales organizados como los liderados por el maliense-marroquí El Hadj Admed Ben Brahim conocido como el Pablo Escobar del Sahara especializado en introducir cocaína en los mencionados puertos de la zona y su traslado a través de las rutas del Magreb a Europa (Kabbaj, 2024).

La zona del Golfo de Anden, y la costa de Somalia es una zona conocida internacionalmente por la práctica de la piratería (Esglobal, 2016).

La zona central de África con países como la República Democrática del Congo en los que se producen y comercializan de forma ilegal minerales estratégicos en un contexto propio de una continua zona de conflicto (Sánchez Moreno, 2021).

Y finalmente la zona sur con las violentas bandas criminales sudafricanas conocidas como las bandas de los números, llamadas así según los números por los que se identifica a las prisiones en Sudáfrica (Velázquez, 2013). Como caso específico cabe también destacar las denominadas bandas nigerianas principalmente activas en fraudes organizados conocidos como estafa 419 o cartas nigerianas (Sánchez Oliveria, 2023).

3.11. LAS TENDENCIAS EN EUROPA

Como indicamos en la introducción, en los últimos años son varios los informes que ponen de manifiesto un incremento del impacto del crimen organizado en el centro y norte de Europa, principalmente en los Países Bajos, como por ejemplo con la denominada Mocro Maffia, y también según consta en los citados informes SOCTA de EUROPOL, el incremento de los grupos criminales dedicados a la producción y comercialización de drogas sintéticas en Alemania, Polonia o Eslovaquia.

  También vimos como en determinados países del Norte de Europa, como Suecia, no acostumbrados a la notoriedad del crimen organizado vienen sufriendo en los últimos años un incremento de las actividades de este tipo de criminalidad relacionada con el narcotráfico llegando a provocar cambios de tendencia en este ámbito, colocando a Suecia como el 2º país en Europa con mayor número de muertes violentas relacionadas con bandas criminales, tal y como se observa en el Gráfico 3 que se muestra a continuación, muy por encima de las cifras, que este país venía sufriendo en años anteriores.

Gráfico 3

Muertes violentas en Europa por crimen organizado (ONU)

Además, tomando como referencia la información más reciente disponible en fuentes abiertas  observamos casos como el de España, en los que el crimen organizado asentado en Galicia ha tomado en los últimos años, un perfil más discreto, a diferencia de los anteriormente conocidos clanes gallegos dedicados al tráfico de drogas y contrabando de cigarrillos con conexiones en América Latina, como Los Charlines; Os caneos, Clan de los Fernández;  Clan Oubiña; Os Romas; Os Piturros; Os do Barbanza; Os Pulgos, etc. (Méndez, 2018), aunque también se vienen detectando prácticas en el tráfico de cocaína hacia Europa no frecuentes hasta hace muy poco, como es el uso de submarinos en las costas gallegas (Ortega Dolz, 2019).

 Como vimos inicialmente, España también sufre las mafias dedicadas al tráfico de resina de cannabis por el sur de la península ibérica, principalmente en la provincia de Cádiz habiéndose detectado un incremento de la violencia contra las fuerzas y cuerpos de seguridad en esta zona (Passolas, 2018) y la presencia continuada de clanes criminales en la zona como Los Castaña o Los Pantoja (Serrano, 2019). También destacan el tráfico de cocaína a través del puertos como el de Algeciras (Chaparro, 2019), o de otro de los puertos españoles de gran importancia como es el de Valencia que, además del mencionado de Algeciras ha tomado protagonismo por el gran movimiento anual de contenedores dando lugar a la gran dificultad en el control efectivo de los mismos, y por tanto a la posibilidad de detectar tráficos ilícitos declarados como otro tipo de mercancías (Ordaz, 2018). Incluso hay algunos editoriales que afirman que las organizaciones criminales con conexiones con narcos colombianos se asientan en el campo de Gibraltar empezando a utilizar el apelativo desde hace unos años, de “Pequeña Medellín” (ABC, 2018). Incluso de forma más reciente, se detecta la aparición de nuevas rutas en el tráfico de cocaína en esta zona (EUROPASUR, 2024). Tampoco facilita la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, la existencia del enclave de Gibraltar, que puede llegar a considerarse como verdadero paraíso fiscal en el que confluyen, además otros tráficos ilícitos como los relacionados con el contrabando de cigarrillos (Ortega Doltz, 2015). En este contexto cabe decir también que son numerosas las organizaciones criminales con componentes de diferentes países como británicos, irlandeses, suecos, etc., dedicadas a los tráficos ilícitos principalmente de estupefacientes que están siendo desmanteladas en el sur de España y especialmente en la Costa del Sol (Clarkson, 2010).

4. ESTUDIO DE POSIBLES SOLUCIONES. CONCLUSIONES

Como es obvio, no hay soluciones rápidas ni mágicas ante el incremento de la amenaza del crimen organizado relacionado con el narcotráfico que hemos analizado, y teniendo esta realidad en la mente se plantea a continuación, el estudio de posibles soluciones integrales sobre la base de argumentos analizados que pueden desarrollarse a medio o largo plazo como políticas y estrategias de Estado, que contribuyan a cambiar la situación de empoderamiento de la criminalidad en beneficio de los ciudadanos. Reflexionamos a continuación sobre la viabilidad de algunas de estas soluciones como se ha indicado, a modo de conclusiones.

4.1. LA LEGALIZACIÓN DE LAS DROGAS Y SU POSIBLE IMPACTO

Es recurrente la solución de la legalización de las drogas al problema del narcotráfico, y por ende a los problemas de inseguridad y de inestabilidad asociados al crimen organizado que se dedica a este tipo de tráfico ilícito entre otros. Pero la solución no es tan simple. Si analizamos el caso de los Países Bajos, efectivamente después de más de 30 años de políticas contra la prohibición global en materia de drogas, el país informa de niveles de consumo de drogas blandas por debajo de la media europea. Pero los datos muestran que estas políticas son lejanas a ser ideales, pues tienen efectos derivados (Bugari, 2010). Efectivamente las autoridades despenalizaron la venta y consumo de drogas blandas, pero no su producción, de forma que los denominados Coffe shops se abastecen de circuitos delictivos, que también cuentan con la logística y la experiencia en las denominadas drogas de laboratorio convirtiéndose el crimen organizado en los Países Bajos, en el gran productor y exportador mundial de drogas sintéticas que le proporciona grandes beneficios tal y como señalan determinados autores (Hernández, 2019) y los propios informes SOCTA de EUROPOL.

4.2. LA ERRADICACIÓN DE PLANTACIONES CON HERBICIDAS NATURALES Y EL APOYO EFECTIVO AL CAMBIO DE CULTIVOS

Parece ilógico pensar que con los avances de la ciencia y la tecnología en el siglo XXI donde es posible conocer con exactitud la ubicación de las plantaciones de cultivos entre ellos, los de hoja de coca en los países productores, y existan herbicidas para controlar este tipo de cultivos, estas no paren de crecer en la última década. Cuando profundizamos en este tipo de soluciones se observa que determinados gobiernos a lo largo de los años han intentado erradicar este tipo de cultivos mediante la fumigación aérea con herbicidas sintéticos como el glifosato con resultados efectivos, pero no exentos de polémica por sus supuestos efectos nocivos en la población y en el medio ambiente, pese a ser un herbicida ampliamente utilizado a nivel mundial para todo tipo de cultivos, y también por el impacto en las comunidades locales que pueden ver desaparecer una forma ancestral de vida, ligada al cultivo de la hoja de coca, pese a que este tipo de cultivo tradicional y los dedicados a uso industrial representan apenas el 10% de la producción  (Montaño, 2022). La erradicación manual de la planta de hoja de coca también ha sido utilizada por determinados gobiernos en Colombia con resultados menos efectivos, y la penalidad de lamentar numerosas bajas entre el personal contratado para hacerlo, por la estrategia utilizada por el narcotráfico de minar o establecer trampas explosivas en las zonas cercanas a las plantaciones (GOV.CO, 2023)

Ante esta situación y con niveles récord en las hectáreas de hoja de coca quizás es el momento para las organizaciones internacionales de exigir y apoyar a los principales países productores de hoja de coca que desarrollen políticas efectivas contra su cultivo, a través de fumigación aérea con herbicidas naturales como el EDEC, apoyada de medidas de cambio de cultivos para los productores tradicionales (García Bravo, A, De Hoyos, K, y Fernández Ramírez, Oscar Eduardo, 2018).

4.3. INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE, SOSTENIDA Y RESILIENTE A LA CORRUPCIÓN EN ZONAS DEPRIMIDAS

Son muchas las zonas deprimidas que se desarrollan en las grandes bolsas de población en diversos países afectados en gran medida por el crimen organizado. Las personas huyen de la pobreza, de la falta de oportunidades y de condiciones de vida infrahumanas entre las que se encuentra la inseguridad provocada por el crimen organizado. Hemos visto que hay comunas, favelas o barrios donde se echa de menos la presencia del Estado, y donde el crimen organizado especialmente relacionado con el narcotráfico impone sus reglas. Ya sabemos que no existen soluciones rápidas, ni exentas de problemas, pero también hemos conocido de primera mano determinados ejemplos que pueden ser referentes para otros países, como es el mencionado caso de la Comuna 13 de Medellín (Colombia), en la que, tras años de políticas públicas de inversión resilientes a la corrupción sostenidas por gobiernos de diferente color político se ha transformado una zona de la ciudad controlada por el narcotráfico en una zona habitable y visitable con presencia del Estado.

4.4. EL CONTROL DE ARMAS

Hemos visto como el tráfico de armas especialmente desde EEUU, con una regulación específica en el acceso fácil a las armas de guerra por parte de la población, y su destino al resto del continente americano a través de la frontera con México tiene efectos no deseados como es la existencia de grupos de criminales organizados con acceso a armas de gran calibre con los que confrontar al Estado. Efectivamente no existe demasiado control a la hora de vender un rifle de asalto en EEUU sin comprobación previa de los antecedentes penales o policiales, ni tampoco de la mínima verificación de la salud mental del comprador, lo cual tiene un efecto sin duda en los numerosos incidentes con armas en el país, con más de 20.000 muertes por violencia con armas en 2023 (GVA, 2024)

Como ya hemos comentado, no se discute el marco legal regulatorio que un determinado país puede establecer en materia de producción y venta de armas y explosivos, pero tampoco cabe duda, que un mayor control en la venta de armas, como el que se produce en España por parte de la Guardia Civil con expedientes para cada caso, en los que se verifican los antecedentes delictivos del potencial comprador, y su estado de salud mental limitaría el acceso masivo a las armas por parte de los ciudadanos, los incidentes violentos con armas, y sobre todo al crimen organizado y su capacidad de confrontar las estructuras del Estado con armas de guerra como ocurre en tantos países en el continente americano.

4.5. POLÍTICA PENITENCIARIA DE DISPERSIÓN. EL CONTROL DE LAS CÁRCELES

Son varios los casos del empoderamiento del crimen organizado que llega a controlar total o parcialmente el sistema de prisiones en determinados países como México, Colombia, Venezuela, o Ecuador.  Tampoco como en los casos anteriores hay fórmulas de solución más allá, del control efectivo del sistema penitenciario por parte del Estado invirtiendo en instalaciones, personal y recursos, pero sobre todo en el desarrollo de mecanismos de control y dispersión de presos como los desarrollados en España en su lucha contra la banda terrorista ETA, que impida que grupos de criminales organizados sigan dirigiendo y controlando el narcotráfico desde las prisiones.

  En este contexto se observa el desarrollo de posibles soluciones en determinados países, como en El Salvador con políticas penitenciarias basadas en la construcción de grandes prisiones y la aplicación de regímenes de excepción (Dammert, 2023), que si bien pueden ser soluciones temporales, que confronten situaciones extremas de incremento del crimen organizado violento en determinados países, requieren  el desarrollo de políticas sostenibles a medio y largo plazo tendentes al regreso a situaciones de estabilidad y normalidad.

4.6. UNA REGULACIÓN EFECTIVA DE LOS PARAISOS FISCALES

Son numerosos los trabajos que se realizan a nivel nacional e internacional con el fin de implantar normas eficaces contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo siendo cada vez mayor el número de las entidades que están obligadas a informar de transacciones sospechosas en esta materia. Pero la comunidad internacional y por tanto las organizaciones internacionales siguen sin limitar de manera efectiva la operatividad de los denominados paraísos fiscales, y su utilización por parte del crimen organizado para el lavado de activos procedentes del narcotráfico. Efectivamente, cada Estado o territorio es libre para legislar su régimen de fiscalidad, pero también parece evidente que si efectivamente se quiere luchar contra el lavado de activos procedente del narcotráfico, los reguladores internacionales deben imponer a estos territorios, el fin de la opacidad y la obligatoriedad de colaborar de forma efectiva cuando existen requerimientos desde autoridades judiciales de otros países.

4.7. UN MULTILATERALISMO EFICAZ EN ÁFRICA

Los proyectos de ONU y UE entre otros actores internacionales han venido tratando de aportar estabilidad en diversos países de África afectados por conflictos regionales, pobreza, inestabilidad política, corrupción, terrorismo y el crimen organizado que se aprovecha de la debilidad de estos estados para buscar sus beneficios principalmente a través de tráficos ilícitos. La inestabilidad de zonas como el Sahel con numerosos golpes de estado en poco tiempo en los últimos años, y el incremento de la influencia de actores unilaterales como Rusia y China en la zona pone de manifiesto la crisis del multilateralismo promovido por las organizaciones internacionales y sobre todo el de la UE.

Proyectos de reforma del sector seguridad como el denominado GARSI SAHEL (CasaAfrica, 2024) de entrenamiento y desarrollo de las capacidades combinadas de unidades policiales robustas con equipamiento reforzado y de unidades de investigación criminal siguiendo el modelo del Grupo de Acción Rápida (GAR) y su experiencia en España en la lucha contra ETA, contribuyen sin duda a fortalecer los Estados de la zona y crear mejores condiciones de seguridad con unidades que tengan la motivación y preparación de confrontar grandes amenazas como son los grupos terroristas o de crimen organizado, que a modo de milicias controlan partes del territorio. Pero este tipo de iniciativas relacionadas con reformas del sector seguridad no tendrán un efecto duradero si no forman parte de una reforma integral de las instituciones del Estado por parte de actores locales, dotándolas de una mayor resiliencia a la corrupción con el desarrollo de políticas públicas que lleguen de verdad a la gente, y que permita la creación de oportunidades a nivel local con paz y seguridad.

4.8. MEJORA DE LAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO RELACIONADO CON EL NARCOTRÁFICO EN EUROPA

Ya hemos visto que la mejora de la lucha contra el narcotráfico no depende solamente de la existencia de estructuras apropiadas y eficaces en las fuerzas y cuerpos de seguridad, sino que además es necesario el desarrollo de políticas públicas con visión de Estado y sostenibles en el tiempo. A continuación, se indican algunas posibles mejoras en este sentido.

4.8.1. Políticas de inversión pública en zonas afectadas por el narcotráfico

La experiencia de la evolución del narcotráfico en determinadas zonas como el Campo de Gibraltar en España o la Comuna 13 en Medellín (Colombia) muestran que además de mejorar el sistema judicial y policial es preciso el desarrollo de políticas de inversión pública sostenidas en el tiempo y resilientes a la corrupción que mejoren la educación, la industria, el comercio, las infraestructuras, y en definitiva la existencia de oportunidades en zonas deprimidas y especialmente afectadas por el narcotráfico.

4.8.2. Mayor control en los puertos

De forma conjunta al incremento del comercio internacional asistimos al desarrollo de grandes puertos como el de Roterdam en los Países Bajos, Gioa Tauro en Italia, Amberes en Bélgica, y Valencia o Algeciras en España, que son cada vez más utilizados por el crimen organizado para sus operaciones de tráficos ilícitos principalmente relacionados con el narcotráfico.  Del otro lado del Atlántico ya hemos analizado también la relevancia de otros puertos como el de Guayaquil en Ecuador o Manzanillo en México relacionados en el tráfico de estupefacientes. Otra solución que puede contribuir a luchar contra este empoderamiento del crimen organizado debe venir de la mano de la implantación de medidas organizativas y tecnológicas, que sin interferir en el tráfico comercial permitan un mayor control de este tipo de puertos que al fin y al cabo son infraestructuras críticas que deben ser controladas por los Estados.

4.8.3. La mejora de las capacidades investigativas y judiciales contra el crimen organizado

El crimen organizado dispone de una gran capacidad de corrupción y de amenaza de las autoridades judiciales y policiales de primera línea que conviven en las localidades en las que se desarrolla el narcotráfico. Una buena práctica que se ha mostrado eficaz en la lucha contra este tipo de criminalidad es la creación y potenciación con personal y medios eficaces de juzgados y unidades centrales separadas geográficamente de las zonas principalmente afectadas por el narcotráfico, pero con la capacidad de desplegar capacidades sostenidas de investigación en dichas zonas, sin sentir la presión de los criminales. Ejemplos de este tipo de actuación la encontramos en los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional o la Unidad Central Operativa (UCO) de Policía Judicial de la Guardia Civil en España.

4.8.4. Las operaciones conjuntas y sostenidas contra el crimen organizado

El desarrollo de operaciones policiales conjuntas y sostenidas contra el crimen organizado se ha mostrado como una solución eficaz contra la implantación del crimen organizado en determinadas zonas o territorios. El despliegue de unidades reunidas de operaciones especiales que actúan conjuntamente con especialistas en investigación e inteligencia criminal y fiscales de forma sostenida en el tiempo con el establecimiento de estructuras de mando y control ha resultado eficaz, como la Operación Agamenón desarrollada por la Policía Nacional  de Colombia (Espectador, 2021), o la denominada Operación CARTEIA puesta en marcha por la Guardia Civil contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar (Clemente Castrejón, 2022)

4.8.5. Una interoperabilidad de los sistemas de información eficiente

Finalmente destacar que una lucha efectiva contra el crimen organizado pasa necesariamente por huir de corporativismos entre Instituciones dentro del mismo país y a nivel internacional, y por una cooperación efectiva en el intercambio de la información y la inteligencia criminal. No hay otra opción que la necesaria interoperabilidad real de los sistemas de información tan preconizada por las organizaciones internacionales como la UE, estableciendo normas de obligado cumplimiento para los Estados como las disposiciones de la Directiva (UE) 977/2023 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de mayo de 2023 relativa al intercambio de información entre los servicios de seguridad y de aduanas de los Estados miembros, por la que se deroga la Decisión Marco 2006/960/JAI del Consejo.

Efectivamente la propia la Decisión marco 2006/960/JAI del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre la simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea, ya establecía en su preámbulo que “Actualmente, los procedimientos formales, las estructuras administrativas y los obstáculos jurídicos establecidos en la legislación de los Estados miembros están limitando gravemente el intercambio rápido y eficaz de información e inteligencia entre los servicios de seguridad. Esta situación es inaceptable para los ciudadanos de la Unión Europea, y, por consiguiente, se pide mayor seguridad y una actuación policial más eficiente, al mismo tiempo que se protegen los derechos humanos”.

Como viene a reconocer la propia Directiva (UE) 977/2023 poco se ha avanzado en la cooperación internacional policial efectiva relacionada con el intercambio de información e inteligencia por los problemas indicados, pero especialmente por la falta de cooperación real en el intercambio de información entre las entidades dentro de los Estados Miembros. Queda claro que para cumplir las directrices establecidas a nivel de la UE y se pueda cooperar a nivel internacional, primero es necesario cooperar a nivel nacional, más allá de corporativismos de entidades policiales o aduaneras.

5. VALORACIÓN FINAL

Como hemos visto a través de la investigación realizada, asistimos a un cambio de tendencia del crimen organizado principalmente relacionado con el narcotráfico en los inicios del siglo XXI, con niveles récord de producción de estupefacientes y situaciones de enfrentamiento e infiltración de las instituciones de diferentes Estados que no eran habituales en este tipo de criminalidad orientada a la obtención de beneficios económicos provenientes de la actividad criminal, sin pretender llamar demasiado la atención de las autoridades.

  Observamos también cómo determinados gobiernos se muestran incapaces de contener o incluso son colaboradores con el crimen organizado contribuyendo a la inestabilidad de los estados, a la falta de la presencia de los servicios públicos y en definitiva a abocar a la población de estos países a situaciones de desánimo en las que el crimen organizado y la corrupción les afecta en el día a día.

  También hemos visto que, ante situaciones extremas de empoderamiento del crimen organizado con índices disparados de violencia como la ocurrida en El Salvador determinadas administraciones han optado por medidas de excepción, que, aunque no exentas de polémica se antojan necesarias y temporales para restablecer la presencia del Estado, y que este modelo se está extendiendo por el continente a otros países que sufren situaciones parecidas como Ecuador, o determinadas zonas en Argentina.

  Sin duda, la lucha contra el crimen organizado no se debe limitar a la actuación policial que si bien es un actor principal en la resolución del problema no es suficiente. Se estima que la problemática derivada del crimen organizado debe afrontarse desde la política de Estado, y con estrategias basadas en una adecuada asignación de recursos de forma sostenida en el tiempo que, basada en el respeto de los derechos fundamentales de las personas, vaya más a allá de la visión cortoplacista de un periodo de gobierno de 4 o 5 años para convertirse en una verdadera política de Estado independiente del color político y resiliente a la corrupción.

Esta lucha no será del todo completa si desde las organizaciones internacionales no se exige y se apoya a los estados el desarrollo de estas políticas, y sobre todo una regulación más efectiva de los territorios off-shore relacionados con el lavado de activos procedentes del narcotráfico.

Para finalizar cabría destacar que, como ha quedado patente, a lo largo del capítulo 4 se han venido detallando las conclusiones del autor sobre la base del estudio de posibles soluciones a medio y largo plazo, en las que se ha tenido en cuenta el análisis de las fuentes señaladas, pero también, el impagable aprendizaje que ha supuesto la experiencia de dirigir el Máster oficial en Alta Dirección en Seguridad Internacional de 60 créditos europeos impartido por el Centro Universitario de la Guardia Civil, que ha contado con el apoyo de autoridades judiciales, y policiales de Argentina, Colombia, Brasil, Chile, Perú, Estados Unidos de América, Honduras, Ecuador, y de países de la UE desde su implantación en 2019,  a las que se dedica con gran cariño, cercanía, y agradecimiento este artículo de investigación.

                                                                                   Aranjuez, 9 de junio de 2024

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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