Artículo de Investigación
MONTEJURRA Y LA GUARDIA CIVIL. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y GENEALOGÍA DE UNAS ACUSACIONES
Juan José Echevarría Pérez-Agua
Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0910-9953
Recibido 12/07/2025
Aceptado 19/11/2025
Publicado 30/01/2025
doi: https://doi.org/10.64217/logosguardiacivil.v4i1.8345
Cita recomendada: Echevarría, J. J. (2026). Montejurra y la Guardia Civil. Estado de la cuestión y genealogía de unas acusaciones. Revista Logos Guardia Civil, 4(1), 83–104. https://doi.org/10.64217/logosguardiacivil.v4i1.8345
Licencia: Este artículo se publica bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
Depósito Legal: M-3619-2023
NIPO en línea: 126-23-019-8
ISSN en línea: 2952-394X
MONTEJURRA Y LA GUARDIA CIVIL. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y GENEALOGÍA DE UNAS ACUSACIONES
Sumario: 1. INTRODUCCIÓN. 2. LA APATÍA DE LA GUARDIA CIVIL 3. LAS ACUSACIONES DEL INFORME MONTEJURRA 4. LA INCULPACIÓN DE SÁENZ DE SANTA MARÍA 5. VALORACIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA 6. NUEVOS DOCUMENTOS (DE MOMENTO) 7. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS. 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
Resumen: Este artículo determina el estado de la cuestión respecto a las acusaciones contra la Guardia Civil por los hechos ocurridos en Montejurra en el año 1976, que se saldaron con dos muertos, en el curso de la tradicional romería carlista que desde 1939 se celebra en la considerada montaña sagrada de tal movimiento político y social, que cuenta ya con una antigüedad cercana a los dos siglos. Asimismo, elabora la genealogía de tales inculpaciones, analizando su desarrollo a lo largo de las casi cinco décadas transcurridas, con el objetivo de servir de referencia a los estudios académicos que previsiblemente se harán de aquí al próximo año, cuando se cumpla el quincuagésimo aniversario del viacrucis. Más allá de los reproches por la inhibición de los agentes entonces allí presentes ante la violencia habida, la principal acusación obedece a lo sostenido por el general Sáenz de Santa María, quien fue el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil cuando ocurrieron los trágicos hechos.
Abstract: This article determines the state of play regarding the accusations against the Civil Guard for the events that occurred at Montejurra in 1976, which resulted in two deaths during the traditional Carlist pilgrimage held since 1939 at the so-called sacred mountain of this political and social movement, which is already nearly two centuries old. It also elaborates on the genealogy of these accusations, analyzing their development over the almost five decades that have passed, with the aim of serving as a reference for the academic studies that will likely be conducted between now and next year, the fiftieth anniversary of the Via Crucis. Beyond the reproaches for the restraint of the policeman present at the time in the face of the violence that occurred, the main accusation stems from the statements made by General Sáenz de Santa María, who was Chief of Staff of the Civil Guard when the tragic events occurred.
Palabras clave: Carlismo, Tradicionalismo, Guardia Civil.
Keywords: Carlism, Traditionalism, Guardia Civil.
ABREVIATURAS
CT: Comunión Tradicionalista
ETA: Euskadi Ta Askatasuna, País Vasco y Libertad
HOAC: Hermandad Obrera de Acción Católica
PC: Partido Carlista
PCE: Partido Comunista de España
UNE: Unión Nacional Española
1. INTRODUCCIÓN
Las consecuencias letales de lo ocurrido el 9 de mayo de 1976 en Montejurra son conocidas: dos personas, Aniano Jiménez Santos, un militante antifranquista de 40 años, miembro de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), y Ricardo García Pellejero, un trabajador de 20 años sin filiación política conocida, cayeron muertos por heridas de bala. A partir de aquí, reina la discrepancia sobre todo lo demás, especialmente sobre las causas de tal violencia y sobre los apoyos recibidos por los que contendían, aunque algunos niegan hasta el hecho de que peleara una de las dos partes antagonistas. La oscuridad sobre lo sucedido llega al punto, incluso, de que no se han podido precisar otros detalles básicos de cualquier atestado, como el número exacto de heridos, en torno a una veintena, tres de ellos también por bala.
No es objeto de este artículo, pretender resolver tales incógnitas. Tan solo, precisar cómo los medios de comunicación y la bibliografía han entendido la labor que llevó a cabo la Guardia Civil, desplegada desde días antes en la montaña sagrada, estableciendo una genealogía sobre ello, en la que ocupa un lugar destacado lo mantenido por el entonces coronel José Antonio Sáenz de Santa María.
Como paso previo, es necesaria una introducción sobre el carlismo y sus tres principios ideológicos: el integrismo, el tradicionalismo y el legitimismo, poniendo el foco de atención en las divisiones en su seno. Si el legitimismo nace en 1833 a la muerte de Fernando VII, cuando se inicia el pleito dinástico entre isabelinos y carlistas, las dos ramas borbónicas enfrentadas, el tradicionalismo tiene su origen en el Manifiesto de los persas de 1814, carta de presentación de un reformismo moderado, frente a las pretensiones de los integristas apostólicos, cuya expresión más virulenta no llegaría hasta 1827 con la revuelta contra el rey de los malcontents. (Lluis y Navas, 1967) A lo largo de los siglos XIX y XX, los seguidores de esos tres principios protagonizarían divisiones y disputas internas, acompañadas en múltiples casos de violencia, especialmente cuando la derrota volvía a acompañar la suerte carlista. Así fue al finalizar la Guerra de los Siete Años (1833-1840), cuando los tradicionalistas (marotistas) fusilaron a seis apostólicos en Estella, (Ferrer, 1957, p. 18) y cuando los integristas asesinaron al legitimista Carlos de España; (Ferrer, 1958, pp. 65-69) y tras la Guerra de los Cuatro Años (1872-1876), cuando los integristas se escindieron, llegando a las manos con los legitimistas en el teatro Olimpo de Barcelona. (Canal, 2000, p. 231) Tras la Guerra Civil (1936-1939), pese a ser la única ocasión en que las fuerzas carlistas ganaron una contienda armada, el carlismo fue descabezado por el nuevo régimen militar dirigido por Franco, impidiéndole capitalizar tal victoria y, en definitiva, perdiendo la paz. (Brioso, 2001) El desánimo carlista se tradujo en 1945, en Pamplona, en un incidente violento, con un herido de bala en un enfrentamiento entre carloctavistas (tradicionalistas colaboradores de Franco) y los legitimistas javieristas que mostraban una actitud antifranquista. (Villanueva, 1997) En 1957, en el hotel Menfis, de Madrid, tuvo que intervenir la policía ante una pelea entre javieristas y carlistas juanistas, estos últimos partidarios de Juan de Borbón, a quien atribuían los derechos legítimos carlistas, pese a pertenecer, como hijo de Alfonso XIII, a la denostada rama rival borbónica que había abrazado al liberalismo, enemigo secular carlista. Los carlistas juanistas, dos años después, acudirían a Estoril para reconocerle como legítimo rey carlista, siendo conocidos desde entonces como estorilos. (Vázquez de Prada, 2006) En 1957, José María Valiente, jefe de la Secretaría designada por Javier de Borbón Parma para dirigir al carlismo, había sufrido una grave agresión en Madrid a manos de un intransigente antifranquista (sivattista), que le descargó dos golpes en la cabeza con una porra de hierro, debido a su política colaboracionista con el franquismo, con la que el javierismo pretendía optar en la carrera que se iniciaba entonces para suceder a Franco en la Jefatura del Estado. (Martorell, 2014, p. 114) En 1958, en el Monasterio de Irache, a los pies de Montejurra, tres dirigentes estorilos fueron zarandeados y golpeados a manos javieristas. Y en Madrid, el local de un boletín juanista fue asaltado con una docena de contusionados y un vehículo quemado. (Lavardín, 1976, pp. 58 y 68) Un año después, en Montejurra, pegaron a Mauricio de Sivatte, quien acababa de oficializar su disidencia del javierismo. (Vázquez de Prada, 2011) En 1968, Roberto Bayod Payarés, líder de los cruzadistas, fue agredido en Estella por legitimistas javieristas, dándose también incidentes en la explanada del Monasterio de Irache con exhibición de pistolas. (García Riol, 2015, pp. 120-122) Todo ello, muestra el nivel secular de enfrentamiento violento en el seno del carlismo, respecto a sus disidencias.
Los javieristas inician en 1969, cuando Franco designa a Juan Carlos de Borbón como sucesor, un camino de renovación ideológica auspiciada por la autoridad dinástica de los Borbón Parma y fundamentada en el principio legitimista, que lleva en pocos años a abrazar un socialismo autogestionario, fundando el Partido Carlista (PC) y abandonando la secular denominación de Comunión Tradicionalista (CT), (Caspistegui, 1997, pp. 217-227) a la par que depuraban a los tradicionalistas e integristas. (García Riol, 2015, pp. 94-117) En 1975, Javier abdica de sus derechos en favor de su primogénito Carlos Hugo. Meses antes, el PC se había integrado en la Junta Democrática de oposición al franquismo, junto al Partido Comunista de España (PCE), (Brioso, 2001) llevando a las más altas cotas el desencuentro entre el régimen y los Borbón Parma, pero tal animadversión era palpable desde 1968, cuando los miembros de la dinastía fueron expulsados de España. La de Franco hacia los Borbón Parma era muy anterior, como muestra el destierro de Fal Conde, jefe delegado de la CT, en 1937. En 1964, Franco convocó a varios ministros, entre ellos Manuel Fraga, titular entonces de Información y Turismo, para ordenarles una vigilancia sobre Carlos Hugo, diciéndoles respecto a la carrera sucesoria: «Este señor no va a ninguna parte…les ruego a ustedes que tomen nota, y cada uno en su sector haga lo posible por aclararlo». (Fraga, 1980, p. 125)
La organización del acto de Montejurra, el más relevante de todos los eventos carlistas anuales, correspondía a la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz, formada por requetés de la Guerra Civil, siendo habitual la presencia en la romería de javieristas, carloctavistas, estorilos, sivattistas y cruzadistas; es decir, de todas las sensibilidades carlistas, ya fueran legitimistas, tradicionalistas o integristas. Desde 1954, año en el que se inaugura un nuevo vía crucis con cruces y basamentos de piedra, dejando su componente de concentración local y adquiriendo una dimensión nacional con peregrinos procedentes de toda España, (Santa Cruz, 1988, pp. 93-95) y sobre todo desde 1958, un año después de que Carlos Hugo se presentara en la cima como príncipe de Asturias, la concentración alcanzó unas enormes cotas de seguimiento, con 98.000 personas en el último año mencionado. (Vázquez de Prada, 2016, p. 85) En 1964, todavía hubo 70.000 asistentes. Cantidad que empezó a reducirse sustancialmente en los siguientes años, coincidiendo con el creciente control javierista de la Hermandad, formalmente a través de la Junta Regional Carlista navarra. En ese proceso, el acto religioso y conmemorativo en recuerdo de los caídos, fue adquiriendo un intenso matiz político. En 1976, relegando a la junta navarra, el acto fue organizado directamente por una Comisión Organizadora de Euskadi, controlada exclusivamente por los carlohuguinos, quienes recogieron fondos económicos y diseñaron el servicio de orden, así como las pancartas y banderas, (Caspistegui, 1997, pp. 290-295) invitando a una decena de formaciones políticas antifranquistas, entre ellas a Euskadi Ta Askatasuna (ETA) político-militar, que mandará su representación, según reveló Carlos Carnicero, entonces secretario federal del PC, en una comunicación personal con quien suscribe, entrevista celebrada en Madrid el 10 de febrero de 2025.
El 9 de mayo de 1976, a los cinco meses de la muerte del dictador y de la proclamación como rey de Juan Carlos I, se celebró el acto organizado por los carlohuguinos, al que solo acudieron unas 5.000 personas. (Caspistegui, 1997, p. 314). De ellos, unos 600 respondieron a la convocatoria del sector más tradicionalista e integrista de los javieristas, bajo el liderazgo de Sixto Enrique de Borbón Parma, quien se había proclamado Abanderado de la Tradición ante la traición de su hermano mayor Carlos Hugo, agrupados bajo una renacida CT. (Martorell, 2023) Aquí, a efectos solamente numéricos, habría que contabilizar a los cruzadistas, también presentes, así como a los sivattistas todavía existentes. (Senent, 2004, p. 172) Los sixtinos habían planteado su presencia como una Operación Reconquista de Montejurra, que arrebatase la montaña sagrada a los carlohuguinos. Aparte, unas decenas de tradicionalistas estorilos, entre los que había personalidades conocidas que ostentaban cargos relevantes en el régimen, agrupados en la Unión Nacional Española (UNE), una de las asociaciones políticas legales creadas en el tardofranquismo, caso de Juan María de Araluce, presidente de la Diputación de Guipúzcoa y miembro del Consejo del Reino, quien sería asesinado por ETA militar que le acusaría infundadamente de ser un sixtino. También de la UNE y del Consejo del Reino, pero ya más cerca del abanderado Sixto Enrique que del rey Juan Carlos, estaba en Montejurra Antonio María de Oriol, presidente del Consejo de Estado, miembro de una renombrada familia estorila, que abandonaba entonces la causa de la dinastía juanista tras las primeras medidas del nuevo monarca. (Echevarría, 2024, pp. 25, 36-37 y 514-515) Asimismo, pertenecía a la UNE, el sixtino Ramón Merino López, también presente en la montaña. No en balde, la UNE se había forjado en un homenaje a Ramiro de Maeztu, el impulsor de la revista Acción Española, concebida en la década de los treinta como aglutinadora de los monárquicos seguidores de las dos dinastías e impulsora de la renovación ideológica de la derecha en un conceptuado neotradicionalismo. (González Cuevas, 1998, p. 67)
2. LA APATÍA DE LA GUARDIA CIVIL
La comisión carlohuguina que había organizado el acto de Montejurra había solicitado autorización para la habitual romería al Gobierno Civil de Navarra. Se trataba, pues, de un acto conocido por el régimen, que además tenía información detallada de las implicaciones que conllevaba, como refleja una nota de la policial Brigada General de Seguridad del día 8 de mayo, en donde se decía:
El Partido Carlista tiene previstas las medidas adecuadas para reprimir con energía cualquier intento de sabotaje de actos por los partidarios de D. Sixto Enrique de Borbón Parma, quien según los carlistas, ayudado por las autoridades, se presentará en Montejurra acompañado de un gran número de pistoleros y guerrilleros oficiales para impedir o sabotear dicho acto. (…) En conferencia de Prensa posteriores, se hará responsable al régimen (…) de cuantos hechos sangrientos pudieran acudir este año en (…) Montejurra. (Caspistegui, 1997, p. 347)
Los periódicos insistieron en que la Guardia Civil actuó aquel día con «exquisita imparcialidad», (Zuloaga y Zuloaga, 1976) como señaló la Voz de España, «ayudando a separar a los grupos» rivales, (Uranga, 1976a) tal como dijo el Diario de Navarra y Unidad. (Zuloaga, 1976) El Pensamiento Navarro insistió en la «actitud pasiva», pese a que «la presencia de la Guardia Civil era numerosa», (Indave, 1976a) contando con dos helicópteros para controlar visualmente la zona, aunque limitada, especialmente en la cumbre, porque las condiciones meteorológicas de aquel día no eran las óptimas: niebla y chirimiri como recordó El Diario Vasco, quien destacó que «se enfrentaron los partidarios de D. Carlos Hugo y D. Sixto». (Peña, 1976) El hecho de la existencia de dos bandos y del «enfrentamiento» había sido incluso anunciado por el periodista Fernando Ónega en La Voz de España el mismo 9 de mayo, (Ónega, 1976a) en un artículo previo al acto, que Arriba distribuía entre los periódicos del Movimiento. (Ónega, 1976b) Pero, una vez sucedidos los hechos, fue sin duda El País, el periódico más explícito en este sentido, señalando en primera página: «Al cabo de cien años, la historia ha vuelto a repetirse. Dos facciones carlistas enfrentan a los hermanos Carlos Hugo y Sixto Enrique de Borbón y Parma». (Cebrián, 1976a) También, incidía en ello, el Diario de Barcelona: «Las múltiples escisiones que el Carlismo ha registrado en su (…) historia se polarizan hoy en una facción (…) socialista y autogestionaria y otra que adopta métodos ultramontanos e integristas. Dos formas irreconciliables de entender una ideología». (Pernau, 1976a) El propio ministro de la Gobernación, Manuel Fraga, atribuyó los hechos ocurridos en Montejurra a una pelea entre hermanos, (Canal, 2000, p. 385) lo que pronto fue repudiado por Jordi Solé Tura en Mundo diario: «No se trata, pues, de dos facciones que se enfrentan violentamente, sino de una multitud de gente que quiere manifestar pacífica y ordenadamente sus aspiraciones democráticas y una banda armada que provoca y ataca». (Solé, 1976) Fue también El País, el que, desde su editorial, exigía responsabilidades:
¿Cómo es posible que el Gobierno Civil de Pamplona (…) permitiera (…) la existencia de un numeroso grupo armado en la cumbre del monte durante todo el fin de semana? (…) Es incomprensible que cincuenta personas con metralletas estuvieran en el monte (…) y el Gobierno no lo supiera. (…) Solicitamos que el Gobierno aclare las circunstancias (…): quienes y cuantos componían las bandas armadas que tomaron la cima, si dispararon los partidarios de ambos grupos carlistas o solo los de uno (…); razones por las que (…) no se produjeran detenciones. (Cebrián, 1976b)
Petición de responsabilidades a la que se sumaban otros periódicos, como La Voz de España, (Zuloaga y Zuloaga, 1976) El Pensamiento Navarro (Indave, 1976b) y Diario de Navarra, que recordaba que había advertido días antes de las «consecuencias dolorosas» en «la sangrienta reconquista de Montejurra». (Uranga, 1976b) También las revistas, como Gaceta Ilustrada: «no llegan a explicarse las razones por las que la Guardia Civil se inhibió frente a los sangrientos sucesos». (Gómez Mardones, 1976) Cuadernos para el diálogo expresó su extrañeza a que no hubiera detenciones de los que dispararon, preguntándose «¿quién los armó?». (Altares, 1976) Asimismo, Triunfo (Elordi, 1976a), que relataba así lo ocurrido en la cumbre de Montejurra: «Ocho o nueve disparos de pistola. Una ráfaga corta de metralleta. (…) Hay cuatro heridos de bala, uno prácticamente muerto [Pellejero], con un tiro en el pecho, muy cerca del corazón». (Elordi, 1976b)
Obviamente, también exigió responsabilidades el PC. Aquel mismo día, tras bajar del viacrucis inconcluso, su secretario general, José María de Zavala, minusvaloraba a los sixtinos, atacando a los estorilos, y cargaba contra Juan Carlos I, a quien consideraba el verdadero rival de Carlos Hugo e instigador de lo ocurrido en Montejurra: «Ha habido sangre derramada carlista (…) [por] aquellos que dicen que están defendiendo la Tradición, (…) la Religión, y resulta que son los que están al lado de la oligarquía capitalista que luchó siempre contra el Carlismo, la monarquía liberal capitalista». (Uranga, 1976c)
La estrategia carlohuguina pasaba, pues, por implicar a la monarquía rival, ya fuera a través del Gobierno Arias, del que Fraga era su vicepresidente, o a través de los estorilos de la UNE, presentes en Montejurra, obviando a los sixtinos. El PC recurrió a la prensa a través del procurador en Cortes Gabriel de Zubiaga Imaz. En declaraciones a Tele/eXpres, Zubiaga, quien había estado presente en el Montejurra de 1976, sostenía que el gobierno «sabía que se estaba preparando algo extraño» y se preguntaba que hacían en Montejurra diversos dirigentes de la UNE, como Araluce y José Luis Zamanillo (Angulo, 1976), un histórico de la secular CT, delegado nacional de Requetés en la guerra, pero que había abandonado la disciplina javierista, pasándose a los estorilos. Tales declaraciones fueron el punto de partida genealógico de las acusaciones que analizamos. Fueron recogidas por primera vez historiográficamente en un libro titulado Montejurra 76, publicado ese mismo año, cuyos autores eran Josep Carles Clemente Balaguer y el fotógrafo del Diario de Barcelona Carles Sánchez Costa, autor de las instantáneas visuales de lo ocurrido. El periodista e historiador Clemente formaba parte del reducido núcleo de dirigentes próximo a Carlos Hugo -la camarilla, como fue denunciada por sus opositores- y era responsable de la renovación historiográfica del carlismo, consistente en presentar a este movimiento como socialista desde sus orígenes, desdeñando sus principios tradicionalistas e integristas; historiografía que ha recibido el nombre de neocarlista. En esa primera aproximación a los sucesos de Montejurra se admitía plenamente la existencia de dos bandos enfrentados en los hechos ocurridos en las inmediaciones del Monasterio de Irache, donde quedó malherido Aniano Jiménez, aunque se insistía en el hecho de que la Guardia Civil no hubiera practicado detenciones aquel mismo día. Según relata Sánchez, «los carlistas enarbolaron los famosos gruesos bastones, que se venden para el Vía Crucis. Los sixtinos sacaron (…) sus porras», enzarzándose:
Las primeras sangres calentaban a otras, en ambos bandos. (…) Desde mi derecha vi salir, lanzado, al que resultaría ser don Aniano Giménez [Jiménez] Santos. Portaba un garrote y se dirigía a los sixtinos. Fue cortado en el trayecto por una bala (…). Casi un minuto antes del disparo, vi como el embozado le decía algo al hombre de la gabardina. Aniano Giménez [Jiménez] se dobló sobre sí mismo (…). Desde segunda línea, los carlistas intentaron una carga con bastones que se detuvo ante la pistola que seguía exhibiendo el hombre de la gabardina. Optaron por dirigirse a los guardias, que ya habían salido del jeep. Oí como un joven les decía: ¿Por qué no intervienen? No ven que ahí hay unos tíos con pistola. El cabo primero de la dotación se decidió. Con peligro de su vida, se interpuso en la línea de fuego levantando los brazos, en uno de los cuales portaba su subfusil reglamentario. ¡No disparen!, le oí decir. Inmediatamente, dio orden a sus números para que se situasen en medio, con las armas en dirección, a donde procedía el disparo. (…) Finalmente, sin que se practicase ninguna detención, huyeron, también el grupo de agresores. (Clemente y Sánchez, 1976, pp. 109-111)
La dotación de aquel jeep era de cuatro guardias y el hombre de la gabardina era José Luis Marín García-Verde, que fue detenido por la Guardia Civil el 15 de mayo y puesto a disposición del juez de Estella, quien decretó su ingreso en prisión. (Pernau, 1976b) Marín García-Verde era comandante retirado, había sido requeté en la Guerra Civil, jefe provincial de los Requetés de Huelva hasta 1965 y era miembro de una reputada familia carlista con destacados dirigentes en la secular CT. (AGUN, Fondo Manuel Fal Conde)
El PC mantuvo una triple línea de actuación: por un lado, la más política, protagonizada por el procurador Zubiaga que presentó una interpelación al gobierno en las Cortes el 26 de mayo; (Miralles, 2023, p. 548) por otro, la más judicial, mediante la interposición de una querella por parte de los familiares de las víctimas el 31 de mayo, (Caspistegui, 1997, p. 348) dirigida por los abogados carlohuguinos Juan Francisco Martín de Aguilera y José Ángel Pérez-Nievas; (Clemente, 1992, pp. 983-988) y por último, encargó a un grupo de doce carlistas y otros activistas antifranquistas presentes en Montejurra el 9 de mayo la investigación de lo sucedido con la intención de nutrir de información a las otras dos partes y también a la prensa. (Purroy, 1976) Todos ellos fiscalizaron la actuación de la Guardia Civil en Montejurra.
La interpelación de Zubiaga se hizo pública el 10 de enero de 1977, tras meses de dilaciones desde las Cortes presididas por Torcuato Fernández-Miranda, el cerebro juancarlista de la transición democrática. El procurador formulaba once preguntas al ejecutivo de Arias Navarro, vicepresidido por Fraga, que no fueron respondidas. (Montoliú, 1977) Entre ellas, según consta en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del 23 de junio de 1976:
Si desde la fundación de la Hermandad (…) ha habido siempre fuertes contingentes de la Guardia Civil, en todo el recorrido (…) y en la cima de la montaña, que razones especiales de gobierno ha habido este año, para que, por primera vez, no se haya cubierto por la Guardia Civil, más que la explanada de Irache [donde el monasterio], cuando había más números que otros años y estaban reforzados por gran cantidad de Policía Armada.
«Habiéndose producido disparos de arma de fuego (…) en presencia de agentes de la Autoridad, que órdenes y procedentes de quien, tenían dichos agentes para no proceder a ninguna detención». «Quién y por qué motivo se dio orden a la Guardia Civil allí presente, que desatendiendo las (…) denuncias a personas que, en actitud desafiante (…) y portadoras de armas, (…) ni las detuvieran, ni las identificaran». «Días antes de los sucesos, la Guardia Civil conoce y protege la presencia de D. Sixto en Irache [en el hotel, a un kilómetro y trescientos metros del monasterio], que está rodeado de gente armada», señalaba el procurador, que aportaba otro detalle, ya manejado por los medios de comunicación: «La noche del 8 al 9 de mayo, unos jóvenes carlistas suben a la cima de Montejurra y son maltratados (…). Cuando lograron escapar y poner los hechos en conocimiento de la Guardia Civil, ésta los detiene y no los pone en libertad hasta el día 9 por la noche». «En Irache [en el hotel] aparecen pistolas, metralletas y una ametralladora con trípode; hay [en la cima de Montejurra] disparos, heridos y muertos [en realidad, un muerto], y no hay un solo detenido, ni cae en manos de (…) la Autoridad, ni una sola arma», añadía, lamentando que «el Gobernador Civil de Navarra es informado (…) días antes (…) por destacados miembros del Partido Carlista de la presencia de gente armada en Irache [hotel] y cima del Montejurra, limitándose a contestar que no tiene órdenes de actuación». Y preguntaba: «Si lo ocurrido en Montejurra ha sido un enfrentamiento entre carlistas, como ha dicho un miembro del Gobierno, dígasenos: que papel jugaban allí D. Juan María Araluce (…) y D. Antonio María de Oriol».
Coincidiendo con la difusión en la prensa del contenido de la interpelación de Zubiaga, como hizo Triunfo (Salabert, 1977) y El País, (Montoliú, 1977) aparecieron en los medios investigaciones periodísticas sobre los sucesos de Montejurra, alimentadas por informaciones proporcionadas por el equipo que había organizado el PC. Así, el semanario Opinión que centraba su atención en la financiación de la Operación Reconquista, señalando a la UNE y mencionando diversas cuentas corrientes de Antonio María de Oriol y de Juan María Araluce -asesinado por ETA cuatro meses antes-, a los que acusaba de estar «políticamente» detrás de lo sucedido, sin dejar de mencionar a Fraga, sobre el que sostenía que «había llegado a un acuerdo de protección a la Operación Reconquista, retirándose al final ante el cariz que estaban tomando los actos ante la escasa afluencia de reconquistadores» sixtinos. Estos contaban con la presencia de fascistas italianos, citando el semanario a Augusto Cauchi y Stefano delle Chiaie. Respecto a la Guardia Civil, recordaba lo sucedido en las inmediaciones del Monasterio de Irache: «un retén de guardias civiles al mando del cabo de Azagra [localidad navarra de la merindad de Estella] no intervino en apoyo del ataque ultra, por lo que publicaciones como Brújula y Fuerza Nueva llegaron a hablar de traición». Antes del disparo contra Aniano Jiménez, la carlista Etelvina Lamana reclamó a la Guardia Civil que interviniera contra los sixtinos. «Le contestó un guardia: Mientras no disparen…». También explicaba la inhibición de la Guardia Civil, una conversación entre el gobernador civil, José Luis Ruiz de Gordoa y Fernández de la Mora, presidente de la UNE, en la que el primero habría asegurado al segundo: «No habrá problemas, la Guardia Civil tiene órdenes de no intervenir». El semanario limitaba las funciones de este cuerpo de seguridad a la protección de Sixto Enrique y a impedir que autobuses y coches sin el distintivo sixtino pudieran llegar a las campas de Ayegui e Irache con el objetivo de restar presencia carlohuguina en la romería. Pero, «los carlistas [carlohuguinos], al final, pudieron pasar en sus autocares por caminos descontrolados, y lo cierto es que la Guardia Civil, ante la masiva afluencia, no llegó a intervenir a favor de ningún bando». (Landaburu, 1977)
Cambio 16 dedicó dos reportajes, en los que apuntaba contra Antonio María de Oriol y su hermano Lucas María, basándose en «fuentes próximas al Partido Carlista»: «Los Oriol fueron los encargados de preparar la presentación pública de Sixto en España». «Los Oriol se encuadran ideológicamente en la línea juanista [estorila] del carlismo», colaborando «estrechamente con el régimen» franquista, añadía. «Años más tarde, en 1972, sienten deseos de conectar con Sixto Enrique de Borbón Parma, a través de la escisión a la derecha del Partido Carlista, que se produce ese mismo año, protagonizada por (…) José Arturo Márquez de Prado, considerado el brazo derecho de Sixto en España», agregaba el semanario explicando por qué una familia estorila desde 1959, cuando se conformó tal corriente carlista, abrazase ahora la causa sixtina. Además, la acusación contra la UNE se ampliaba a otro de sus miembros, el sixtino Eugenio Mazón Verdejo, secretario general de Correos, sobre quien el semanario indicaba que acudió el día 6 de mayo al despacho de Fraga, asegurando que llevarían más de 5.000 efectivos a Montejurra. Según, el relato periodístico, Fraga «les prometió que colocaría a fuerzas de la Guardia Civil en la explanada, con la orden de que no pasase nadie que no llevara el correspondiente distintivo». (Oneto, 1977a)
La seguridad de que en Montejurra hubiera una potente masa de seguidores de Sixto, (…) capaces de dejar en ridículo a los militantes del partido carlista, fue una de las garantías solicitadas por el Ministerio de la Gobernación para prestar su apoyo. Se trataba de desprestigiar al carlismo y dejar en situación de derrota a los seguidores de Carlos Hugo. (Oneto, 1977b)
Cambio 16 ponía también el foco de atención en otro miembro de la UNE, el sixtino Ramón Merino, a cuyo nombre el Gobierno Civil de Navarra reservó 20 habitaciones en el Hotel Irache. (Oneto, 1977a) Para el semanario, «mientras Merino se ocupó de coordinar la alta política de la operación, José Arturo Márquez de Prado (…) preparó la parte bruta del montaje (reclutar gente y organizar las fuerzas de choque)». (Oneto, 1977b)
3. LAS ACUSACIONES DEL INFORME MONTEJURRA
Coincidente con la ofensiva en prensa, los abogados carlistas de los familiares presentaron también un recurso contra la conclusión del sumario judicial por los hechos de Montejurra 76, que había sido dictado por el Juzgado 21 de Instrucción de Madrid, que había heredado el caso procedente del Tribunal de Orden Público, quien a su vez lo había recibido del juez de Estella. (Cebrián, 1977) En dicho recurso, los letrados Martín de Aguilera y Pérez-Nievas exponían los hechos violentos ocurridos en las inmediaciones del Monasterio de Irache y en la cumbre de Montejurra, explicando los primeros como un ataque de los sixtinos, acompañados de fascistas, contra los «peregrinos. El propósito evidente de todos ellos era desalojar a los romeros (…), para a continuación apoderarse ellos del Vía Crucis». Respecto a los segundos, el recurso recordaba que los sixtinos, se habían hecho fuertes allí desde la noche anterior, disparando contra los romeros. (Clemente, 1992, p. 984-985) En ambos hechos, había tenido un papel destacado José Arturo Márquez de Prado, lugarteniente de Sixto Enrique y antiguo delegado nacional de Requetés javierista. Pepe Arturo, como era conocido, dio una entrevista el 8 de septiembre de 2009 a Margarita Suárez de Lezo, de la CT, en el que admitía haber estado en la cumbre dirigiendo a los sixtinos allí presentes, pero negando que ordenara disparar contra los carlohuguinos. También reconoce haberse entrevistado con el general Ángel Campano, entonces director general de la Guardia Civil (Suárez de Lezo, 2009). Pepe Arturo, junto a Marín García-Verde, y Francisco Carreras Mouriño, estuvieron en prisión mientras se tramitaba el sumario, abandonando la cárcel antes que acabara 1976. (Oneto, 1977b) En la nueva querella, ya no se relacionaba a Oriol y a Araluce con los hechos, aunque sí a Merino, pese a que se advertía que «no se ha investigado la presunta responsabilidad de los principales dirigentes de la asociación política UNE». «Tampoco (…) [la] de determinadas autoridades, en especial del entonces ministro de la Gobernación Manuel Fraga, el director general de la Guardia Civil, general Campano y gobernadores civiles de Navarra [Ruiz de Gordoa] y Logroño», añadía el recurso contra el cierre del sumario (Cebrián, 1977). Merino, según Miguel Ayuso Torres, quien sería jefe de la Secretaría Política de Sixto, en una entrevista con el autor de esta comunicación, celebrada el 7 de julio de 2025, era un hombre de toda confianza de Pepe Arturo y como este integrante de la nueva CT, además de fundador de la sección local madrileña de la UNE.
Respecto a Araluce, ETA había incluido en su Zutik de noviembre la denuncia del procurador Zubiaga a Tele/eXpres y la acusación de que el presidente de la Diputación de Guipúzcoa había «subvencionado a Roberto Pallals [sic, Roberto Bayod Payarés], miembro dirigente destacado de los guerrilleros de Cristo Rey [en realidad, dirigente de la carlista Asociación de Cruzados Voluntarios], con un talón de 6 millones», implicándole en un delito de corrupción con Telefónica, lo que quedó demostrado que era falso. (Echevarría, 2024, pp. 92-95) Sin embargo, tal acusación persistió en el trabajo hecho por el equipo carlista de investigación, que había surtido de información a los medios de comunicación, y que publicó sus resultados coincidiendo con el primer aniversario de los sucesos de Montejurra, en una librería de Bayona (Francia). Informe Montejurra 76, más conocido como el Libro Negro por el color de su portada, se distribuyó en España a partir de mayo de 1977 en condiciones de clandestinidad. También de anonimato de sus autores. (Purroy, 1977)
El Libro Negro volvía a acusar a los dirigentes de la UNE Oriol y Araluce, imputándoles por haber financiado la Operación Reconquista, aunque a Juan María Araluce le llamaba sistemáticamente José María. (Echevarría, 2024, pp. 92-94) En cambio, del sixtino Merino, se limitaba a señalar que a su nombre se reservaron las habitaciones del hotel Irache. (Anónimo, 1976, pp. 28 y 41) Sobre Fraga, Informe Montejurra 76 consideraba que el entonces ministro de la Gobernación, acompañado del general Campano, había celebrado, en Semana Santa en su despacho oficial, una cumbre tradicionalista, con presencia de Sixto Enrique y de dos miembros de la UNE (Oriol y Zamanillo), para discutir los aspectos tácticos de la Operación Reconquista. Y quince días antes del 9 de mayo, otra en «la finca Las Begoñadas» [sic, en realidad en la localidad soriana de las Derroñadas, en una propiedad de la familia de los García-Verde; en un nuevo error del Libro Negro], en la que ya habría estado Pepe Arturo, pero solo habría asistido Zamanillo por la UNE. El interés por implicar a la asociación política llevaba al panfleto carlohuguino a destacar la labor propagandista del dirigente de la UNE, el juanista Fernández de la Mora, que en los días previos dio un mitin en Pamplona «creando ambiente para reconquistar Montejurra», calificando de «cruzada» la operación. (Echevarría, 2024, pp. 96-101)
Respecto a la Guardia Civil, Informe Montejurra 76 sostenía que el 4 de mayo llegó un Land Rover al Hotel Irache, del que se descargó una ametralladora MG-42, en presencia de una dotación de agentes. El 8 de mayo, el general Campano visitó Estella, reuniéndose con Sixto Enrique. El 9, la Guardia Civil impide que los pasajeros de autobuses sin distintivo se acerquen al monasterio. Sobre las 10.00 de la mañana, llegan los sixtinos, acompañados de fascistas, a la explanada del monasterio desde el Hotel Irache. Se abalanzan contra el servicio de orden carlohuguino: «repuestos de los primeros segundos de sorpresa, los carlistas reaccionan (…), empuñando sus bastones de montaña, buscando el cuerpo a cuerpo. El choque es terrible». Aniano Jiménez, «que había participado activamente en la respuesta a la agresión», llama «cobarde» a Marín García-Verde, disparándole este. Los guardias civiles del Land Rover «han presenciado todos los hechos imperturbables». Los agentes «dicen que no pueden hacer nada». «Creemos que esta insólita actitud es la prueba más fehaciente de las órdenes que había recibido la Guardia Civil, la prueba más clara de la complicidad gubernamental en la maniobra sixtina», interpreta el Libro Negro. «El Cabo Primero (…) se pone en medio de los dos grupos (…), dejando marchar a los fascistas libremente (…) sin haber identificado a nadie», añade. Tras ello, los carlohuguinos se dirigen a la campa de Ayegui, junto a los que allí estaban, para iniciar el ascenso a Montejurra. A las 11.00 horas, la cabeza del viacrucis está ya a la altura de la décima cruz, donde los sixtinos han montado una barrera para impedir el acceso a la cercana cumbre. A las 11.20, después de ser respondido con abucheos, una proclama lanzada desde la cumbre que decía: «¡Atención carlistas, os va a hablar don Sixto!», se suceden los disparos de pistola y de la ametralladora MG-42. Ricardo García Pellejero queda mortalmente herido y otras tres personas reciben impactos de bala: en un glúteo Bernarda Urra Pagola, en un pie José Javier Nolasco Echeverría y en la ingle Jesús Vera Pardo.
Los carlohuguinos con su pretendiente renuncian a alcanzar la cumbre, mientras los sixtinos han huido por otra de las vías, por el camino de los cañones con sus vehículos y armas. A las 14.00 horas, Oriol se presenta en el Hotel Irache y pide un teléfono para hablar con el general Campano. (Anónimo, 1976, pp. 41-73)
La Ley de Amnistía de 1977 dejó sin responsabilidad penal todos aquellos hechos. El sumario, que permaneció siempre secreto, cerca de 2.000 folios, quedó traspapelado en los archivos judiciales sin que hasta el momento haya aparecido. El 5 de noviembre de 2003, la Audiencia Nacional consideró a Aniano Jiménez y Ricardo García Pellejero como víctimas del terrorismo. (Pérez-Nievas, 2003)
4. LA INCULPACIÓN DE SÁENZ DE SANTA MARÍA
En 1998, el periodista Santiago Belloch, hermano de quien había sido ministro de Justicia e Interior hasta hacía poco, publicó un libro, titulado Interior. Los hechos clave de la seguridad del Estado en el último cuarto de siglo. En él, abordaba los sucesos de Montejurra, aunque computaba tres muertos y no dos como en realidad había sido. Para el autor, resultaba «increíble que semejante concentración pública», con «grupos ultras de todo tipo y procedencia», «se hubiese podido producir sin el conocimiento de las Fuerzas de Seguridad y de los servicios de información de la Presidencia del Gobierno». El periodista consiguió el testimonio del que había sido jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, el ahora general José Antonio Sáenz de Santa María. (Belloch, 1998, pp. 44-45) Belloch logró que escribiera a mano su declaración, apareciendo tal versión autógrafa como anexo en el propio libro. (pp. 671-681)
Estas son sus aportaciones: de Sixto dice que era conocido «por sus posiciones de carácter fascista», citando a continuación a Pepe Arturo y Oriol, e incluso al general Campano como integrantes de la facción carlista opositora a Carlos Hugo. Sostenía que todos ellos mantuvieron «la intención genérica de reconquistar Montejurra y consiguieron que «el Gobierno Arias-Fraga tomara en consideración la propuesta de organizar la operación tendente a dicha reconquista». Por tanto, Sáenz de Santa María sostenía que al menos el gobierno se había planteado tal iniciativa de la CT.
Para ello, se establecieron contactos entre organismos como el SECED (Servicio Central de Documentación de Presidencia del Gobierno), antecedente del CESID, la Guardia Civil y los dirigentes del Partido Carlista [en realidad, la CT] anteriormente citados y el propio Ministro de la Gobernación, cuyo titular era D. Manuel Fraga.
Más allá del evidente desconocimiento del general que le llevaba a hablar de PC en vez de CT, sus palabras escritas revelaban que había habido una serie de reuniones del gobierno y de su servicio de inteligencia con el grupo de Sixto Enrique.
El Gobierno, continuaba el general, encargó al SECED la propaganda del acto, que también entregó a simpatizantes «bastones y cachavos [en el original con letra b] con el objetivo, decían, de facilitarles la subida al cerro, pero en realidad para ser empleados en la agresión prevista». En cuanto a la financiación, Sáenz de Santa María responsabilizaba de la misma exclusivamente a Oriol. Respecto al enrolamiento de fascistas, el general no lo atribuía ni al SECED ni a la propia CT, sino a grupos de ultraderecha como Fuerza Nueva y Guerrilleros de Cristo Rey. Así citaba a «miembros de la Internacional Fascista italiana» y de la Triple A, como Chiaie, Cauchi, Jean Pierre Cherid y «Rodoldo Almirón, posteriormente escolta de D. Manuel Fraga». Para Sáenz de Santa María, se trató del «primer paso de lo que durante la Transición constituyó el núcleo de las apariciones de la llamada guerra sucia contraterrorista». «Todo este entramado operó de alguna forma apoyado (…) por los Aparatos del Estado en todas las acciones de lucha antiterrorista durante los años 70 y 80».
El general incluía asimismo en su escrito un subapartado titulado «Implicación de la Guardia Civil», en el que indicaba que entonces estaba dirigida por el teniente general Campano y subdirigida por el general de división Salvador Bujanda. «Ambos eran miembros del Partido Carlista, eran cuñados y mantenían una estrecha amistad con D. Arturo Márquez de Prado, principal dirigente de dicho Partido Carlista». Más allá del error de confundir PC con CT, Sáenz de Santa María estaba implicando a unos militares en una afiliación política.
Ello hizo que el Sr. Márquez de Prado estuviera los días precedentes (…) en la Dirección General de la Guardia Civil (…) participando incluso en reuniones del Director [Campano] con su Estado Mayor [dirigido por Sáenz de Santa María] y mandos implicados en la organización de los actos.
Pepe Arturo solicitó radioteléfonos transmisores y «ametralladoras». Aquí, Sáenz de Santa María se atribuía el mérito de haberlo impedido. Por lo demás, el general se equivocaba al señalar que los dos muertos cayeron cuando los carlohuguinos que ascendían el monte se toparon con la barrera sixtina en las inmediaciones de la cima y también cuando atribuyó la muerte de García Pellejero a Marín García-Verde.
En 2004, un año después de la muerte de Sáenz de Santa María, el periodista Diego Carcedo publicó una biografía de este, basada en largas conversaciones que mantuvieron cuando ya estaba retirado, titulada Sáenz de Santa María. El general que cambió de bando. En ella, el ya teniente general limitaba la financiación dada por Oriol al «alquiler de autobuses, los bocadillos y el vino que repartieron, las pancartas y unos cuantos centenares de cachavas y bastones». Respecto a la Guardia Civil, Carcedo reproducía lo aparecido en el libro de Belloch, aunque matizaba que Campano y Bujanda «no militaban en el carlismo», aunque «sí ejercían de simpatizantes, obviamente del sector encabezado por don Sixto». Y ofrecía más revelaciones:
Campano me anticipó que el plan contaba con las bendiciones de Arias, Fraga y, naturalmente, del general Juan Valverde, director del CESED [sic, SECED en realidad]. También me puso en antecedentes de que acudirían algunos matones de la extrema derecha internacional para, si hacía falta, asumir la parte más sucia del plan.
En la biografía de Carcedo, a diferencia del testimonio autógrafo del libro de Belloch, sí que la Guardia Civil suministró a los sixtinos radioteléfonos, pero «siempre y cuando fuesen manejados por guardias del servicio de transmisiones… disfrazados de requetés; es decir, tocados con boinas rojas y con insignias carlistas en sus solapas». (Carcedo, 2004, pp. 150-165)
5. VALORACIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA
Josep Carles Clemente, el iniciador de la historiografía neocarlista, resume así lo sucedido en Montejurra: «Dos comandos integrados por pistoleros del fascismo español e internacional (…) matan a tiros a dos carlistas», destacando «la impunidad en que se realizaron los asesinatos y por la pasividad de las Fuerzas de Orden Público», citando a Fraga y Campano. (Clemente, 1992, p. 536)
Joaquín Cubero Sánchez, otro cronista neocarlista, sostuvo que tales sucesos formaban parte de una estrategia a largo plazo, que sitúa desde 1964, para eliminar al PC. Para el autor, la Guardia Civil participó de dicho planteamiento con los controles que llevó a cabo para reducir el número de carlohuguinos presentes y con las órdenes recibidas de no intervenir en los enfrentamientos. (Cubero, 1995)
Francisco Javier Caspistegui introdujo historiográficamente el hecho del «enfrentamiento palpable en el amplio seno carlista (…) de forma violenta, en gran parte producto de la rivalidad entre las dos fracciones extremas del carlismo, pero también (…) por la apatía del Gobierno ante los signos que se presentaban». (Caspistegui, 1997, p. 348)
El periodista y doctor en Historia Mariano Sánchez Soler sostuvo que «todo el aparato del Estado se puso en movimiento para sepultar la verdad», destacando el papel de Fraga, Campano y Oriol, pero también, erróneamente, el de Araluce. (Sánchez, 2010, pp. 31-33)
El historiador Jordi Canal destacó tres aspectos, sin mencionar expresamente a la Guardia Civil. Primero, el proceso de enfrentamiento creciente en el carlismo. Segundo, la impunidad de la extrema derecha durante el Gobierno Arias. Y finalmente, «los altos intereses del Estado por acabar con todo posible estorbo a la consolidación de la monarquía de Juan Carlos I». (Canal, 2000, pp. 385-386)
Para Josep Miralles Climent, el historiador que hoy en día más difunde la interpretación neocarlista, hay un claro culpable: el Gobierno Arias, «instigador y autor directo de la maniobra». «Todos los datos (…) apuntan a algunos sectores del Gobierno y del Estado al servicio de la nueva monarquía impuesta por el dictador», citando a Fraga, Campano, Oriol y «José María [sic, Juan María] Araluce». (Miralles, 2023, pp. 507-513)
La última monografía publicada, cuyo autor es Juan Carlos Senent Sansegundo, ha incidido en que hubo «dos grupos, uno de agresores, otro de agredidos», así como en «la inhibición de las fuerzas policiales y la Guardia Civil». (Senent, 2024, pp. 182-187)
6. NUEVOS DOCUMENTOS (DE MOMENTO)
Del 9 al 12 de enero de 2023, Manuel Martorell, periodista y doctor en Historia con una tesis sobre la continuidad ideológica del carlismo, publicó una serie de artículos en Diario de Navarra, basados en unos nuevos documentos que habían sido aportados por el PC. Tales documentos estaban guardados en dos carpetas de cartón de color azul, muy usuales hace años en cualquier oficina y domicilio particular, que se encuentran en posesión de dicho partido.
Para Martorell, tales documentos avalan «que Montejurra 76 fue un plan del Estado contra el Partido Carlista», «con especial protagonismo de Manuel Fraga» y con la colaboración de la UNE de los hermanos Oriol y de Merino. Dichos documentos son, según Martorell, informes, cartas y comunicaciones del Gobierno Civil de Navarra, cuando estaba dirigido por Ruiz de Gordoa. (Martorell, 2003a) Uno de ellos, que aparece con una tarjeta de Fraga, informa de una «orden extraordinaria» a la Guardia Civil, previniéndola de la violencia que pudiera causar el PC e instándola a efectuar controles de carretera desde dos días antes. (Martorell, 2003b) Para Ruiz de Gordoa, la Operación Reconquista fracasó porque los sixtinos no tuvieron capacidad de convocatoria, con solo 600 seguidores en Montejurra. (Martorell, 2003c)
El pasado 9 de mayo, también Martorell, ha aireado en prensa una supuesta llamada telefónica del sixtino Merino a Juan Carlos I, hecha desde el Gobierno Civil de Pamplona, en la víspera de los sucesos de Montejurra. La fuente utilizada es una carta póstuma del hijo del gobernador, José Miguel, para quien el rey «estaba al tanto de toda la trama». La carta, como las dos carpetas ahora en poder del PC, provenían del hijo del gobernador. (Martorell, 2025)
7. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
La fiscalización del equipo investigador carlista, origen junto al procurador Zubiaga de las acusaciones, arrojó pocos logros investigativos en contra de la Guardia Civil, más allá de su inhibición, matizada por el hecho de que cuando se abrió fuego, hubo algún agente que se jugó la vida. No obstante, la Guardia Civil, para su desdoro, no practicó ninguna detención aquel día, en cumplimiento estricto de las órdenes recibidas por el Gobierno Civil de Navarra, quien a su vez transmitía las órdenes del ministerio de la Gobernación. Sí intervino en los controles de carreteras para frenar la afluencia de carlohuguinos y en el uso de radioteléfonos. Peor sale parada la actuación del general Campano por su colaboración con los sixtinos. Los investigadores carlohuguinos, y en consecuencia la prensa y la bibliografía neocarlista, pusieron el acento en los estorilos y no en los sixtinos, con el objetivo de implicar a Juan Carlos I y ningunear a Sixto Enrique.
La Guardia Civil estuvo al servicio del Gobierno, que sí tenía un propósito aprovechando la división y el enfrentamiento existente en el seno del carlismo, consistente en desacreditar al PC y a su pretendiente al trono, Carlos Hugo de Borbón Parma, y así ayudar en la consolidación de la recién estrenada Monarquía de Juan Carlos I. De hecho, Fraga, al menos, había prestado oídos a la iniciativa de la CT que desencadenó aquel Montejurra trágico.
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